A veces basta un segundo para que la vida dé un giro brusco, un conductor camino al trabajo, un semáforo en amarillo, un frenazo inesperado, una colisión menor. Nada que no pueda pasarle a cualquiera. Pero si en ese accidente hay un lesionado, por leve que sea, se activa un protocolo que supuestamente debería proteger, pero que en la práctica funciona como un castigo anticipado.
Todo empieza de forma casi automática, los vehículos involucrados son remitidos a patios o parqueaderos privados y ahí se inicia una peregrinación agotadora. El propietario debe acudir a la autoridad de tránsito, hacer filas, escuchar explicaciones difusas. Luego debe esperar a que el caso llegue a la Fiscalía para que se practique la inspección técnica y esperar la asignación de una fecha de audiencia ante un juez de Control de Garantías que decidirá si entrega o no el vehículo de manera provisional.
En este laberinto procesal hay algo profundamente irracional, ya que, en un país donde los jueces deberían concentrar sus horas en decisiones que afectan la libertad, la seguridad y la dignidad humana, terminan convertidos en firmantes de oficios para devolver carros. La ley actual encadena a los ciudadanos a un trámite lento, costoso y desproporcionado, pues hay casos donde los vehículos pueden permanecer más de tres meses en los patios mientras el procedimiento se arrastra con su paso paquidérmico.
Las historias reales que hay detrás son graves, está el taxista que pierde su única herramienta de trabajo; la madre cabeza de hogar que no puede llevar a sus hijos al colegio; el trabajador independiente que queda sin movilidad y sin ingresos. Y cuando al fin recuperan el carro, reciben una factura impagable por parqueadero y un vehículo deteriorado por el abandono.
Lo más absurdo es que ni siquiera la conciliación entre las partes, cuando ya no hay conflicto, controversia o riesgo procesal, permite una devolución rápida. Aun con acuerdo firmado, las víctimas deben seguir atrapadas en el mismo trámite interminable, como si la burocracia fuese más importante que la justicia.
Por eso, hablar de una reforma no es un capricho, se requiere un cambio que permita que los vehículos sean entregados de manera inmediata por la Fiscalía apenas se realice la experticia técnica y eso es una cuestión de sentido común, pues se evita la congestión de los jueces de control de garantías y no se somete al ciudadano a un procedimiento que lo castiga estando ya en una situación de vulnerabilidad
Además, la justicia no puede seguir siendo un depósito de vehículos ni un cementerio de expedientes mientras la vida de la gente se detiene. Debe ser una vía ágil, razonable y humana hacia las soluciones y eso empieza por reconocer que detrás de cada carro inmovilizado hay una historia, un proyecto y una persona que merece algo más que indiferencia burocrática.