La situación del sector energético tiende a agravarse, viene de mal en peor sin que se vislumbre una solución. El riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio de energía sigue latente. Yo distingo el riesgo inmanente del riesgo inminente.
En cuanto al primero, al depender de una matriz eléctrica en donde la capacidad instalada hídrica supera el 60%, estamos expuestos a un riesgo de racionamiento cuando nos enfrentamos a una hidrología crítica a causa del fenómeno de El Niño, tanto más en cuanto que de los 24 embalses que le sirven a la hidroeléctricas solo uno, el de El Peñol, con el que opera Guatapé, tiene una capacidad de regulación que supera el año, el resto de ellos es de solo 4 meses. Este riesgo es tanto mayor dada la circunstancia de que actualmente tenemos un déficit del 1.8% de la Oferta de energía firme (OEF), el cual puede superar el 3% para 2026.
En cuanto al riesgo inminente, gravitan sobre el sistema dos factores determinantes del mismo. El primero de ellos es el estrés del Sistema de Transmisión Nacional (STN), debido al déficit de la oferta de energía en firme (OEF) con respecto a la demanda, que crece a un ritmo que duplica el crecimiento de la oferta. De allí que, según la firma XM, que administra el mercado mayorista y opera el STN, en este momento la OEF está en 237.55 KWH y la demanda en 241.89 KWH, esto es tenemos un déficit de -1.8%, el cual será mayor el año entrante, estimándose en -2.5%.
Ello obedece, a su vez, al ostensible atraso en la ejecución de importantes proyectos tanto de generación como de transmisión, empezando por Hidroituango, que ha debido entrar en operación en 2018, pero debido a una contingencia que se presentó de sus 8 unidades, con capacidad de 300 MW de potencia cada una, hasta la fecha solo han entrado 4. Debido también a los 2.400 MW de capacidad de generación de energía eólica que fueron asignados en las subastas entre 2019 y 2021, los primeros parques eólicos a instalarse en La Guajira hasta la fecha a duras penas ha entrado uno de ISAGEN de solo 24 MW, el 10%
El otro factor que amenaza con un riesgo de racionamiento inminente es la crítica situación financiera que afrontan las empresas comercializadoras de energía, debido fundamentalmente a la deuda de los usuarios por concepto de la Opción tarifaria, cuyo saldo al corte de agosto de 2025 era del orden de los $2.6 billones, de los cuales el presidente Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la de los estratos 1, 2 y 3, que representa el 80%, pero hasta la fecha es una promesa incumplida.
A ello se viene a sumar la deuda del Gobierno nacional para cubrir los subsidios al consumo de los estratos 1, 2 y 3, que las empresas ya descontaron y el Gobierno debe reintegrarles a ellas. Al corte del mes de agosto dicha deuda ascendía a $2.4 billones. A ello se vienen a sumar deudas con las distribuidoras de gas natural de $760.000 millones y a las de GLP $41.700 millones. Y lo más grave es que en el presupuesto de la actual vigencia solo se apropiaron los recursos para cubrir los subsidios del primer trimestre de este año.