En la última semana se ha originado un revuelo mediático y político porque se ha conocido, primero, que en un bombardeo de las Fuerzas Armadas murieron siete menores; segundo, que no era el único, sino el último de doce bombardeos durante este gobierno, y tercero, que en total han muerto alrededor de 15 menores. La información ha generado discusiones en dos niveles: el jurídico y el político.
El debate jurídico se ha centrado en si las Fuerzas Armadas acataron el Derecho Internacional Humanitario y, en especial, los principios de distinción (entre civiles y combatientes), proporcionalidad (uso no desmedido de la fuerza), necesidad (imperiosa urgencia de usar la fuerza), precaución (evitar daños colaterales a civiles), humanidad, ventaja militar, etc. Causó gran impacto que el ministro de Defensa dijera que según el “principio de distinción”, los menores uniformados son combatientes y, por tanto, blancos legítimos; además, sostuvo que los bombardeos han respetado el principio de necesidad (si no bombardeaban, morían militares), el principio de precaución (no había civiles) y el de proporcionalidad (uso razonable de la fuerza). Esta postura -respaldada por el presidente- ha suscitado múltiples críticas, entre otras, que los niños siguen siendo niños y, por tanto, víctimas, aunque tengan camuflados. ¿Quién tiene la razón? Será la Procuraduría, la Fiscalía o la Justicia Penal Militar quien lo determine, porque, para nuestra desgracia, estamos frente a lo que se llama un “dilema trágico” que no permite fijar una regla general, debido a que cada caso tiene sus particularidades.
El debate político ha girado en torno de dos temas. El primero es la responsabilidad por la muerte de los menores en combate, sobre el cual parece existir un amplio consenso de que los principales responsables son quienes los reclutan, no obstante, hay un sector que promovió una moción de censura contra el ministro de Defensa, y un sector más amplio que culpa a la política de “paz total” que ha permitido el fortalecimiento de los GAO (que pasaron de 15.000 a 24.000 hombres en armas) y el reclutamiento de menores. El segundo asunto tiene que ver con lo que muchos perciben como hipocresía e incoherencia del gobierno y sus copartidarios, puesto que cuando fueron oposición promovieron una moción de censura contra el ministro de Defensa del gobierno Duque por hechos similares, sin embargo, ahora lo justifican.
Sin duda, el debate jurídico y político es sumamente importante cuando mueren menores en la guerra, pero más importante es el debate moral, el cuestionamiento ético que debemos hacernos como sociedad sobre ¿por qué hay menores uniformados y armados al servicio de grupos criminales?, sobre ¿cuáles son las políticas y las estrategias predictivas y preventivas del reclutamiento?, o sobre ¿qué opciones vitales y existenciales tienen los menores en situación de riesgo?, que definitivamente no puede ser la de “pagarles para que no maten”.
*Profesor universitario.