Entre el 5 y el 7 de noviembre se celebró en Cartagena el 43° Congreso Nacional de Derecho Laboral y Seguridad Social; el evento más importante del país en esta materia. Su cierre, un conversatorio entre candidatos presidenciales sobre políticas de empleo, ofrece una oportunidad invaluable para reflexionar sobre la agenda laboral que Colombia debe construir.
El empleo es el motor del desarrollo: dignifica al ser humano y dinamiza la economía. Cuando es precario, en cambio, se convierte en causa y consecuencia del estancamiento. No sorprende entonces que, según el Latam Pulse de Bloomberg, a septiembre de este año, el desempleo y la falta de oportunidades laborales fueran una de las principales preocupaciones de los colombianos, incluso por encima de temas como la educación o la economía.
Nuestro país tiene un mercado laboral fragmentado: informalidad del 60%, desempleo juvenil del 18% y un sistema de seguridad social presionado por baja densidad de aportes. A ello se suman reformas inconclusas -como la laboral o la pensional- y un contexto económico desequilibrado.
Así, es claro que en las elecciones del 2026 la agenda de empleo y seguridad social debe ser una prioridad. Cualquier propuesta seria al respecto, tendría que contener cuando menos, lo siguiente cuatro puntos:
Primero, un plan para hacer frente al desempleo y la informalidad. No basta con subsidios ni medidas de alivio temporal; se requieren políticas activas de empleo, incentivos a la formalización y un rediseño del sistema contributivo que permita cotizar por horas o ingreso real. La meta debe ser incorporar a los informales y autónomos al sistema, ampliando la base de protección y recaudo.
Segundo, desarrollo del 30% restante de la reforma laboral, con sentido de equidad. Su implementación en aquellos asuntos pendientes debe conciliar derechos y sostenibilidad, garantizando la protección del trabajo digno sin ahogar la capacidad empresarial ni desincentivar la creación de empleo formal.
Tercero, modernizar las relaciones colectivas. Colombia necesita un sindicalismo representativo y eficiente, capaz de construir consensos y moderar la multiafiliación. La negociación por rama -no multinivel-, la profesionalización sindical y la transparencia serían pasos indispensables.
Cuarto, avanzar hacia un mercado y una educación para el trabajo acordes con las transformaciones tecnológicas y ambientales del siglo XXI. La automatización, la IA y la transición energética exigen nuevas competencias y una política pública que integre formación, innovación y empleabilidad.
En suma, Colombia requiere una propuesta balanceada y libre de populismos; una visión de país que reconcilie productividad con justicia social y que, responsablemente, responda a las expectativas laborales de la población.