La Contraloría General ha vuelto a levantar la voz frente a la creciente fragilidad de la seguridad energética del país. Su reciente comunicación al Ministerio de Minas y Energía no solo reitera los riesgos previamente identificados, sino que evidencia —con datos concretos— que las condiciones han empeorado sin que se adviertan decisiones estructurales para mitigarlas.
El ente de control confirma que la producción petrolera cayó de 772 mil barriles/día en 2024 a 747 mil en 2025; las exportaciones disminuyeron 5,9%; y las regalías se redujeron 15% en el primer semestre de 2025. A ello se suman deudas crecientes por subsidios de energía y gas que ascienden a $2,88 billones, frente a solo $0,76 billones pagados.
Con un saldo pendiente cercano al 70%, la presión tarifaria es inevitable.
El país enfrentará un déficit de gas desde finales de 2026 —por al menos tres meses— que exigirá cerca de 200 GBTUD adicionales, mientras que a partir de 2029 la brecha será estructural ante la ausencia de nuevos hallazgos.
Pero la alerta central es más incómoda: han pasado casi doce meses desde la primera advertencia y aún no existe un plan de transición definido. Ni proyectos, ni cronogramas, ni metas claras.
Las acciones del Gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energía, en lugar de incentivar la industria de generación y transmisión con condiciones regulatorias estables, ha presentado un proyecto de ley, con mensaje de urgencia, insistiendo en obtener fuentes de recursos para apalancar subsidios en altos estratos aumentando la carga que durante tres décadas han venido soportando. Sin embargo, no se presentan fórmulas para garantizar el abastecimiento de energía que promueva la seguridad energética del país.
La comunicación del 6 de noviembre de 2025 de los gremios de servicios públicos domiciliarios de hidrocarburos e industriales es enfática en este reclamo al Gobierno nacional.
Es muy preocupante la situación por las tensiones entre gobierno y la industria, la cual no permite avanzar en temas coyunturales que mitiguen el riesgo de apagón que desde hace meses ha encendido alarmas.
Estos hechos que recoge la advertencia del ente de control debería concretarse en las siguientes medidas:
Importante pero además urgente, actuar para corregir el atraso en generación firme. Según estimaciones del sector, el país acumula un rezago de al menos 1.500–2.000 MW firmes, necesarios para garantizar respaldo frente a la variabilidad climática y la intermitencia renovable. Para recuperar ese déficit, deberían adjudicarse y entrar en construcción proyectos que permitan incorporar entre 350 y 500 MW firmes por año durante los próximos 4–5 años.
Las deudas constituyen también un detonante del riesgo de suspensión del servicio o de energía eléctrica. La deuda en subsidios complican aún más la salud financiera de las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía y gas.
Los $2,88 billones acumulados requieren una estrategia de reperfilamiento a varios años, con fuentes adicionales y mecanismos extraordinarios, evitando presionar las tarifas en el corto plazo.
Otro componente clave es la establecer reglas claras para atraer inversión.
Sin contratos de exploración desde 2022 y sin señales regulatorias claras, la inversión mantendrá sus prevenciones. No menos importante, la aceleración de infraestructura de transporte y regasificación. El país requiere ampliar capacidad en el Caribe y Pacífico antes de 2026 para evitar exposiciones más costosas.
La seguridad energética no es ideológica: es condición de estabilidad económica y bienestar social. La Contraloría ya advirtió; ahora el país requiere decisiones. De no corregir el rumbo, el apagón solo será cuestión de tiempo.