A media mañana, hace cuarenta años, 39 guerrilleros del M-19 ingresaron al Palacio de Justicia por el sótano en tres camiones; un cuarto vehículo con armamento pesado se averió y quedó atrapado en el tráfico. En tres días de enfrentamientos, las fuerzas del orden rescataron a 256 personas con vida; el total estimado de rehenes fallecidos fue de 94, entre ellos 11 magistrados. Durante la operación, aproximadamente 80 miembros de la fuerza pública resultaron heridos y 11 —entre policías y militares— ofrendaron su vida para salvar a otros.
La llegada de Belisario Betancur a la Presidencia estuvo respaldada por la promesa de un proceso de paz, pactado sin cese de hostilidades. Los ataques guerrilleros continuaron, así como los operativos del Estado, y como resultado importantes dirigentes del M-19 fueron abatidos. Supuestamente, la motivación de la toma era castigar la traición del Gobierno; el propósito declarado era celebrar un juicio revolucionario contra el presidente. Meses antes, Pablo Escobar habría desembolsado 2 millones de dólares para financiar el asalto con la condición de negociar la no extradición; también se menciona una suma adicional de USD$1 millón para que se quemaran expedientes.
Al coronel Luis Alfonso Plazas Vega —uno de los protagonistas en la recuperación y el restablecimiento del orden democrático— se le negó el ascenso a general por exigencias del M-19, con el que el gobierno de Gaviria negociaba en ese momento. Posteriormente, durante el gobierno de Álvaro Uribe, Plazas, al frente de la Dirección Nacional de Estupefacientes, contribuyó con golpes contundentes al narcotráfico, reduciendo hectáreas de cultivo de coca y erradicando plantaciones de amapola.
Veinte años después del asalto, una fiscal abrió un proceso penal contra Plazas Vega por desaparición forzada. Permaneció detenido más de ocho años: inicialmente en el Cantón Norte, luego en el Hospital Militar y, contra el criterio médico, fue trasladado de forma violenta a la cárcel La Picota. Finalmente, la Corte lo absolvió de todas las acusaciones, luego de que él demostrara la falsedad de las pruebas y de testigos, paradójicamente miembros del M-19. Recientemente, un proceso con múltiples anomalías jurídicas ha afectado al expresidente Uribe, juicios que evocan obras como El proceso, de Franz Kafka, y El caso Dreyfus —Yo acuso—, de Émile Zola.
No tengo duda de que la organización política impulsora de estos procesos no ha aprendido a respetar los derechos, ni a garantizar la vida de quienes ejercen la oposición. El análisis criminológico revela, más que una mera retaliación, un patrón persecutorio determinado por la afectación de intereses corporativos del neo paradigmático COCIDT: crimen organizado, corrupción institucional y delincuencia transnacional.
*Psiquiatra.