El exalcalde Dionisio Vélez intentó, sin éxito, que la Procuraduría General le revocara una sanción en primera instancia por su fallida promesa de construir 39 puestos de salud, financiados con parte de un crédito de $250.000 millones, para las zonas más pobres de Cartagena.
En 2020, la Procuraduría lo sancionó al considerar que incurrió en falta grave al no garantizar la prestación del servicio de salud, porque -tras poner en marcha su locomotora de infraestructura- demolió varios centros que no estuvieron listos sino años después. Eso obligó a muchos ciudadanos a buscar atención lejos de sus casas o en condiciones precarias.
Para el Ministerio Público, Vélez no evaluó las consecuencias de iniciar un proyecto “sin una adecuada planeación, bajo unos presupuestos distintos a los ofertados por los contratistas, que se basaron en unos diseños prototipo, sin tener en cuenta el verdadero estado físico de los bienes inmuebles a intervenir, así como su titularidad jurídica y predial”.
La Procuraduría también señaló que Vélez “se limitó a convocar comités de seguimiento en los que de manera superficial abordó la labor de vigilancia y control” de las funciones delegadas a la Dirección del Departamento Administrativo de Salud (Dadis), en lugar de revisar sus actuaciones, “como quiera que no estaba respondiendo a las expectativas fincadas”.
El Ministerio Público le impuso una sanción equivalente a ocho salarios que devengó como mandatario, unos $100.000.000. En 2021, Vélez pidió revocarla -la única que hasta ahora enfrenta por la fallida ejecución de los centros de salud-, defendió los comités de seguimiento que lideró y argumentó que esa sanción no correspondía a la realidad, porque era producto de una valoración errónea de las pruebas.
En 2023, la entonces procuradora general, Margarita Cabello, negó su solicitud, al considerar que ejerció de manera superficial su rol de vigilancia y descartó fallas en las pruebas usadas para sancionarlo.
El exalcalde aún no ha pagado la multa porque el proceso sigue en curso a la espera de un fallo de segunda instancia que confirme o revoque la decisión de 2020.
Mientras tanto, persiste una realidad innegable: el histórico anuncio de 39 puestos de salud por $100.888 millones, que hizo en 2014, terminará convertido en apenas 20 intervenciones por $164.377 millones. Once años después, dos hospitales -Nelson Mandela y Canapote- aún están en ejecución y el actual gobierno de Dumek Turbay promete inaugurarlos antes de que termine 2025.
En la más reciente investigación de La Contratopedia Caribe, realizada con el apoyo de la ‘Beca Relatos de región: Periodismo local que explica Colombia’, pueden leerse más detalles de esta fallida transformación sanitaria y del esquema de pagos extraoficiales al Concejo de la época (2014-2015), que facilitó la aprobación de esos millonarios recursos.