Quizá usted ha pedido información a la Alcaldía de Cartagena y han pasado semanas, o incluso meses, sin que nadie le responda. Los periodistas no estamos exentos de esa situación y de tener que recorrer un largo camino para obtener respuestas distritales.
El pasado 26 de mayo, La Contratopedia Caribe le pidió a la Secretaría de Educación, liderada por Alberto Martínez, detalles sobre seis nombramientos hechos entre 2024 y 2025 en las escuelas públicas.
Por ley, esa respuesta debía llegar en máximo 15 días hábiles, pero no fue así. Cincuenta y cuatro días hábiles después, el 15 de agosto, en La Contratopedia interpusimos una acción de tutela por violación al derecho fundamental de petición.
El 29 de agosto, una jueza le ordenó a la Secretaría responder en 48 horas, plazo que esa oficina tampoco cumplió. Solo el 17 de septiembre llegó la respuesta.
Antes, la Alcaldía impugnó la decisión judicial. En segunda instancia, el pasado 9 de octubre, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena revocó el fallo inicial por hecho “superado”. Y cómo no, si la Secretaría de Educación envió a ese despacho judicial un memorial para sustentar que ya había cumplido con su obligación. Lo hizo el 17 de septiembre, el mismo día que le respondió a La Contratopedia.
En ese fallo, la jueza Nohora García Pacheco le pidió a la Secretaría responder los derechos de petición a tiempo, de forma clara y completa. Es decir, otra jueza tuvo que recordarle a una dependencia distrital que entre sus obligaciones está contestarle oportunamente a la ciudadanía.
Este episodio evidencia, una vez más, la opacidad informativa que se volvió costumbre en el sector público. No es la primera vez que en La Contratopedia nos pasa ni tampoco es un asunto exclusivo del gobierno de Dumek Turbay. Nos pasó antes con la administración de William Dau, y también nos ha pasado en Barranquilla, bajo los mandatos de Alejandro Char y Jaime Pumarejo.
Esa resistencia a la rendición de cuentas no solo se manifiesta en demoras o evasivas. En Bolívar, incluso, adopta la forma de vetos temporales: dejamos de recibir respuestas del gobernador Yamil Arana cuando nuestras investigaciones no le gustan, como las recientes que publicamos sobre su uso mediático de Festijazz y su millonaria inversión para asegurar buenas noticias en medios locales y nacionales.
Aunque parezca obvio, hay que repetirlo hasta el cansancio: la información pública no es un favor de los gobiernos, es un derecho ciudadano. Cuando los servidores públicos ponen candados a los datos, cierran también las puertas del control social. Y cuando esos candados se los ponen a los periodistas, olvidan que sus cargos son pasajeros y que, al salir de esas sillas, también se beneficiarán de instituciones transparentes y la fiscalización de la prensa.
La ciudadanía tiene más garantías con gobiernos que rinden cuentas y medios que investigan.