Por estos días, el pueblo arhuaco enfrenta una fractura interna que ya no se expresa solo en diferencias políticas o espirituales: ha escalado a vías de hecho y a amenazas entre sus líderes. Desde el año 2020 no tiene un gobernador arhuaco legítimamente elegido por el territorio, y hay una interminable lista de irregularidades en torno a esta situación. Tensiones, que debieron haberse tramitado en diálogo y la guía de los Mamos, han sido sustituidas por decisiones unilaterales que desconocen la esencia de la autonomía indígena y los propios mandatos judiciales. ¿En qué momento el diálogo dejó de ser el camino?
La Sentencia SU-419 de 2024 de la Corte Constitucional estableció claramente que dicho conflicto intraétnico debía resolverse con un diálogo legítimo, guiado por los Mamos y respetando la Ley de Origen. Sin embargo, lo que siguió fue un encuentro frustrado el 9 y 10 de enero de 2025 en el que una de las partes cambió de forma sorpresiva el objeto del encuentro, buscando imponer la elección de autoridad tradicional sin construir previamente la ruta acordada, ¿qué legitimidad puede tener un proceso que excluye a una parte fundamental del pueblo? ¿Qué efectos trae para la gobernabilidad cuando se desconoce la palabra de los Mamos, guardianes espirituales y políticos de la Sierra? Lejos de garantizar la participación efectiva, una narrativa unilateral se impuso: se declaró el “cumplimiento” de la sentencia sin consenso, se llevaron las gestiones ante el Ministerio del Interior y finalmente se expidió la Resolución 203 de octubre de 2025. Una resolución bastante cuestionable, ya que, ¡emitida el 10 de octubre del 2025, afirma haberse basado en la decisión tomada por los mamos el 14 de octubre de este año! ¿Ahora el Ministerio puede ver hacia el futuro? ¡Al parecer tiene más poderes espirituales que los mismos mamos! Y todo esto sin acatar el mandato de participación equitativa de ambas partes. Las fisuras internas se han profundizado y hoy la comunidad no solo discute sobre liderazgos: disputa el sentido mismo de la autonomía, la legitimidad de sus autoridades y el respeto a la Ley de Origen.
¿Qué responsabilidad tienen las autoridades estatales, locales y territoriales en este escenario, dado su deber de respetar y garantizar los derechos colectivos de toda la comunidad sin discriminación? La Sierra no es un escenario cualquiera: es territorio sagrado, corazón espiritual de un pueblo que ha resistido siglos de colonización y exclusión. Pero cuando las fracturas internas se amplifican por la injerencia externa y la falta de garantías, el riesgo es que la autonomía se vacíe de contenido y la violencia sustituya la palabra. ¿Quién gana con esta situación?