Hasta hace poco el debate político mostraba un panorama ideológico medianamente comprensible para el elector promedio. Si se es de izquierda, se es socialista democrático (PSOE), marxista o neomarxista (partidos comunistas), feminista socialista o ecosocialistas (Podemos, partidos verdes). Si se es de centroizquierda, se es socialdemócrata, progresista o de la tercera vía. Si se es de derecha, se es neoliberal (Partido Popular), conservadurista tradicional (Partido Republicano), neoconservador o nacionalista (Vox.). Y si se es de centro derecha, se es: liberal-conservador o demócrata cristiano.
Ahora bien, a pesar de las diferencias ideológicas entre estos partidos y movimientos, existía el consenso tácito en torno a: los ideales de la democracia (instituciones políticas básicas, separación de poderes, poder político limitado y controlado recíprocamente y respeto por los derechos ciudadanos) y a su defensa frente a las amenazas, que siempre eran externas: los golpes de Estado y la consecuente dictadura militar (Chile, Argentina, etc.) o las revoluciones socialistas y la consecuente dictadura del proletariado (Cuba).
Hoy, sin embargo, como consecuencia del descrédito y la desideologización de los partidos, de la personalización de la política (Bukele, Petro, Milei, Uribe, etc.) y del advenimiento de la nueva derecha y la nueva izquierda radical, el debate político se está librando en un nuevo terreno que enfrenta a aquellos que defienden la democracia y aquellos que la usan y se sirven de ella para obtener el poder, pero una vez en el gobierno la erosionan con fines autoritarios. Se trata de un fenómeno conocido como “deriva autoritaria” o “autocratización”, en el que caudillos mesiánicos y populistas acceden al gobierno mediante procesos democráticos, pero de manera gradual concentran un poder sin controles y sin límites. Sucedió en Venezuela y en Nicaragua, está pasando en El Salvador y puede suceder en Colombia.
La estrategia es simple pero eficaz. Primero, se busca la erosión del Estado de Derecho y la concentración del poder en el ejecutivo, debilitando al Parlamento y al Poder Judicial; segundo, se manipula o desacredita al sistema electoral (persecución a la oposición, falta de transparencia, etc.); tercero, se entra a controlar los medios de comunicación y la información (“Aló, presidente”, la “Mañanera”, etc.), debilitando la prensa independiente y fortaleciendo los medios afines al gobierno; cuarto, se promueve un discurso polarizador que divide a la sociedad entre “pueblo” y “élites” o “castas”; finalmente, se modifica la Constitución para promover la reelección indefinida. Cualquier parecido con nuestra realidad no es coincidencia.
Me parece, entonces, que en el 2026 los electores tendremos que decidir no solo si el candidato que apoyamos es afín a nuestra ideología, deberemos indagar, además, si es un demócrata dispuesto a respetar las instituciones y a acatar las reglas de juego de la democracia o, por el contrario, tiene espíritu de autócrata y pretende desconocerlas o cambiarlas para mantenerse indefinidamente en el poder.