Cartagena atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia reciente: múltiples proyectos de ciudad buscan cerrar brechas sociales, generar empleo y hacer sostenible el crecimiento urbano. Sin embargo, el borrador de resolución del Ministerio de las Culturas que pretende aprobar un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para el llamado Paisaje Cultural Fortificado amenaza con convertirse en un obstáculo de enormes proporciones.
No se trata de desconocer el valor de nuestro patrimonio, ni de restarle importancia al deber de conservarlo. Cartagena es, precisamente, la joya colonial más importante de América y su legado merece protección. El problema es que las disposiciones contenidas en este borrador parecen elaboradas sin un mínimo de concertación con la realidad de la ciudad, sus necesidades sociales ni los proyectos que hoy se desarrollan desde lo público y lo privado.
¿De qué hablamos? De un documento que pretende limitar construcciones a un piso en áreas “afectadas” y a tres pisos en zonas de influencia que abarcan más de 43 mil hectáreas. Una medida así condena a la ciudad a la expansión desordenada, encarece la vivienda social y compromete programas de reasentamiento. En lugar de una Cartagena más compacta, caminable y con servicios eficientes, se empuja a miles de familias a vivir lejos de sus lugares de trabajo, multiplicando la desigualdad.
El borrador también exige el uso exclusivo de técnicas y materiales tradicionales. Nadie discute que se debe preservar la identidad arquitectónica, pero impedir materiales modernos que mejoran la durabilidad, reducen costos y elevan estándares de sostenibilidad es una medida regresiva. Cartagena no puede renunciar a la innovación en nombre de una visión romántica que desconoce la urgencia climática y las necesidades de eficiencia energética.
Más grave aún es que el PEMP subordina el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito a la autorización de MinCulturas, restando autonomía a la ciudad. Esto abre la puerta a cuellos de botella interminables y pone en riesgo la ejecución de proyectos estratégicos.
El debate no es entre patrimonio o desarrollo. El debate es entre una visión excluyente, centralista y poco dialogada, contra una visión integradora que reconozca que Cartagena necesita proteger su historia sin hipotecar su futuro. Lo que está en juego es la posibilidad de seguir construyendo ciudad para todos.
La invitación es clara: el PEMP debe abrirse a una verdadera concertación con el Distrito, con la ciudadanía y con los actores sociales y económicos. De lo contrario, en nombre de la memoria corremos el riesgo de paralizar el presente y clausurar las oportunidades del mañana.