La Nueva EPS nació en 2008 como la promesa de un modelo mixto que superara los errores del Instituto de Seguros Sociales. El Estado, con el 49,9985 % de las acciones, y seis cajas de compensación familiar, con el 50,0015%, acordaron compartir riesgos y responsabilidades. Diecisiete años después, lo que se suponía era la solución terminó exhibiendo las mismas grietas del pasado: deudas billonarias, pasivos ocultos y una intervención de la Superintendencia de Salud por incumplir requisitos financieros básicos.
Hoy el Gobierno de Gustavo Petro busca asumir la mayoría accionaria de la EPS más grande del país, irónicamente, después de haber demostrado el peor manejo presupuestal en la historia de Colombia. El discurso oficial insiste en que el Estado debe recuperar el control de la salud, pero la realidad muestra un panorama incierto y revive una serie de preguntas incómodas. La Contraloría concluyó que la Nueva EPS es inviable. Los hallazgos son demoledores: facturas repetidas, anticipos sin legalizar, pasivos ocultos y presuntas irregularidades en el manejo de recursos. Si bajo un esquema mixto se perdió el control, ¿qué nos asegura que un esquema estatal puro lo recuperará? La experiencia con el ISS debería ser advertencia suficiente: allí también se creía que el monopolio gubernamental era sinónimo de estabilidad.
El argumento de la mayoría accionaria de las cajas, que durante años tuvieron la voz decisiva por una sola acción, no exonera al Gobierno de responsabilidad. Con casi el 50% de participación, el Estado tenía un deber de supervisión que claramente no cumplió. Resulta difícil entender cómo, a pesar de ocupar asientos en la junta directiva y contar con información privilegiada, no se detectaron las billonarias irregularidades que hoy determinan la insostenibilidad financiera de la entidad. La omisión no es menor: no se trata solo de la ineficiencia de los privados, sino también de la negligencia estatal.
A esa negligencia se suma la politización de la dirección. El nombramiento de Aldo Cadena, cercano al presidente Petro, no se presenta como un giro técnico, sino político. Y ahí está el mayor riesgo: que la EPS más grande de Colombia se convierta en botín burocrático en lugar de proyecto de salud pública. Si algo destruyó al ISS fue precisamente, además de la insolvencia económica, la mezcla de politización, mala gestión administrativa y corrupción.
La historia parece repetirse, y en Colombia somos expertos en revivirla. El ISS, liquidado por inviabilidad financiera, dio paso a la Nueva EPS como una solución intermedia entre Estado y privados. Hoy, tras años de mala gestión, el Gobierno pretende recuperar el control total. El problema es que la evidencia no demuestra que el Estado esté mejor preparado que ayer. Por el contrario, las señales apuntan a que los errores del pasado podrían volver con mayor fuerza.
El futuro de once millones de usuarios depende de que la gestión sea profesional, transparente y blindada frente a la politiquería. Lo que está en juego no es solo la propiedad accionaria de una entidad, sino la credibilidad misma del sistema de salud. La pregunta que queda en el aire es la misma que debería guiar cualquier reforma: ¿Qué garantiza que esta vez el Gobierno sepa administrar la EPS más grande del país, si la historia demuestra lo contrario?