Por: Álvaro Lastra Jiménez
El centralismo llegó para quedarse. Ha mostrado tanto su señorío que ni un peaje son las regiones capaces de arrebatarle. Y está claro que el problema no es constitucional sino de gobernanza, de incapacidad de los distintos gobiernos de construir gobernabilidad en el legislativo para sacar adelante la reforma del régimen territorial.
Desde hace rato estamos en la aldea global donde las regiones de los distintos países compiten y se desarrollan no solo en un contexto nacional sino internacional mientras en Colombia, que por naturaleza es un país de regiones, estas no pueden volar, ni correr, ni caminar: se mueven con la ayuda de muletas. No tienen capacidad para asumir el control de un simple peaje como el de Puerto Colombia, y así se lo hacen saber con la más sofisticada arrogancia desde Bogotá.
Estamos en un hueco del que no sabemos cómo salir; hay mucho movimiento en todo el país tras una solución para este, que es uno de los problemas estructurales del Estado colombiano junto al de la falta de control territorial que posibilite la dosis de orden necesario para construir la paz. Los exgobernadores lanzan candidaturas presidenciales, proponen referéndum fiscal, reforma al Sistema General de Participaciones, el Voto Caribe I y el Voto Caribe II, pero aún no se ve con claridad la luz al final del túnel.
Es total la incertidumbre sobre si se seguirá pagando el peaje dentro del Área Metropolitana de Barranquilla, lo cual me parece profundamente injusto y fuente de conflictos y violencia, pero hay que ponerse muy serios frente al reto de ajustar el tema territorial que haga más agradable la vida cotidiana de los ciudadanos. Las esperanzas están cifradas en el esfuerzo del gobernador del Atlántico de que al fin podamos contar con unas regiones, empezando por la Región Caribe, pero asistimos a un rezago de iniciar la campaña por tener éxito en el plebiscito regional que se proyecta para marzo próximo.
Preocupa que se haya hecho primero la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones cuando, en realidad, era lo segundo; lo más lógico era implementar antes las regiones, para luego asignarles recursos y competencias. Ahora pretenden conferir recursos y competencias a unas regiones que no existen.
Ojalá no nos quedemos pagando este peaje toda la vida y todo el histórico esfuerzo regional por alcanzar un poco de libertad territorial se vea felizmente coronado. La Constitución de 1991 nos ofrece tal posibilidad. De hecho, la reforma al Sistema General de Participaciones que ahora se persigue nos la entregó la Constitución de 1991, pero nuestra mentalidad centralista incorregible la reversó.
*Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Atlántico. Doctor en Derecho.