Siempre he pensado que nadie conoce más su territorio que quien lo vive, lo disfruta y hasta lo padece; los cartageneros no somos la excepción. Cartagena es un territorio complejo, su geografía particular y su carga histórica le han abierto un lugar de reconocimiento en el mundo al ser reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco. Todos sabemos el compromiso que tenemos para preservar tan valioso tesoro, pero también conocemos la realidad de una ciudad cuyo índice de pobreza supera el 40% de su población, y cuyo desarrollo apenas despierta.
Hoy estamos ante un gran riesgo con la inminente aplicación del Plan Especial de Manejo y Protección del Paisaje Cultural Fortificado. No porque la Unesco nos vaya a quitar el título o porque haya surgido otro “Acuarela”. El riesgo hoy es peor, es de incertidumbre jurídica y de la posibilidad de quedar al albedrío del centralismo gubernamental.
El proyecto de resolución que ha redactado el Ministerio de las Culturas anula por completo la autonomía distrital. Una delimitación de más de 43.000 hectáreas que modifica de un plumazo el Plan de Ordenamiento Territorial, sin definir a fondo la normativa y pensada con una visión andina y no local, mata cualquier posibilidad de desarrollo para Cartagena y no es una exageración, pues toda intervención, tanto urbana como arquitectónica, por mínima que parezca, tendría que contar con el visto bueno del Ministerio.
Pero no pensemos que solo será en el Centro Histórico, como ya conocemos que se hace; este plan aplica a toda la ciudad. Incluirá locaciones como el Puerto de Cartagena, Mamonal, Zona Norte y cualquier predio, por pequeño que sea, en cualquier rincón de la Cartagena. Esto sin mirar que el sector de la construcción dejaría de ser atractivo, pues a las licencias, que de por sí son demoradas, habría que sumarle dos pasos más: el tránsito por el Comité Técnico de Patrimonio (local) y la pasada por el Ministerio. De ser así, podríamos estar hablando fácilmente de un año para obtener un permiso de construcción.
Probablemente esta no sea la intención de Minculturas, pero lo escrito en ese borrador de resolución presenta tantos vacíos que al más mínimo resquemor de un vecino de una construcción será un juez el llamado a dirimir la norma. El peligro también está en la ausencia de una reglamentación clara, pues será el funcionario de turno del Ministerio quien tendrá que decidir qué se puede hacer y que no, eso sin contar con el temor que tendrán los curadores al momento de expedir una licencia, temor que se ha hecho evidente después de los fallos en el caso Acuarela. De ahí todo se puede desprender: la informalidad, el descontrol y la corrupción serán los principales planificadores urbanos.
Estamos a tiempo de hacer los ajustes necesarios en ese documento, Alcalde, invite a todos los gremios a las mesas de trabajo que ya anunció; el desarrollo de la ciudad está en riesgo.