Desde hace más de una década, el tratadista español Alejandro Nieto advirtió que el desgobierno de lo público constituye uno de los mayores riesgos para la democracia, pues se infiltra silenciosamente en las instituciones hasta erosionar la confianza ciudadana. Esa reflexión, hecha en España, es hoy plenamente aplicable a Colombia. La política ha dejado de basarse en argumentos racionales y se impone cada vez más la manipulación de emociones y la exaltación de imágenes, mientras la ética ciudadana y el interés colectivo pierden espacio. En este escenario, se requieren propuestas políticas serias, capaces de responder con claridad y firmeza a las demandas sociales.
La corrupción es la cara más visible de este fenómeno. Complejos entramados permiten que beneficios particulares se antepongan a los derechos de la mayoría, dejando sectores enteros desprotegidos. En toda la administración pública se observa cómo, en ocasiones, el mérito profesional, es reemplazado por el nepotismo y el amiguismo. La regla tácita de “tú me eliges al mío y yo te elijo al tuyo” sustituye la selección de funcionarios probos y capaces.
Se reconoce que la mayoría de jueces mantiene una conducta intachable, sin embargo, persisten episodios aislados, muy pocos, que afectan la confianza social y proyectan una imagen de fragilidad institucional.
Un ejemplo se presentó en el Juzgado Primero de Pequeñas Causas de Barranquilla, donde se encontraron 18.000 correos pendientes, 6.000 memoriales físicos sin trámite y un proceso extraviado. Según la investigación que se adelanta, el juez Rafael Eduardo Castillo González y su secretario, Cuadro Crespo, junto con dos abogados y un particular —todos amparados por la presunción de inocencia— habrían participado en un desfalco superior a 2.000 millones de pesos, mediante títulos judiciales fraudulentos. Se calcula que tramitaron más de 2.500 títulos, hechos por los cuales fueron imputados por concierto para delinquir y peculado por apropiación, cargos que no fueron aceptados. Estos episodios muestran cómo la falta de controles efectivos abre espacio para prácticas indebidas y corruptas que impactan directamente a la ciudadanía.
La Fiscalía General de la Nación también ha sido señalada, según la revista Semana, que algunos de sus funcionarios estarían implicados en la venta de filtración de expedientes en extremo delicados y sujetos a reserva. Las denuncias indican que se están aprovechando de las debilidades del Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF) y que, presuntamente, se pagan hasta 200 millones de pesos por documento filtrado, lo cual cuestiona la eficacia de los controles internos de la entidad y deja en evidencia los riesgos de una captura institucional indebida. Una Fiscalía fortalecida debe evitar a toda costa este tipo de filtración de información.
Ante estas graves situaciones, se requieren correctivos inmediatos y sostenidos en el tiempo. El Consejo Superior de la Judicatura debe fortalecer su función de inspección y vigilancia, mientras que la Fiscalía, necesita reforzar controles y sanciones internas para blindar sus procesos. Al mismo tiempo, corresponde al Congreso impulsar un proyecto de ley que cierre espacios a la corrupción, mejore los estándares de transparencia y devuelva la confianza en las instituciones. Una justicia íntegra y eficiente no es un ideal abstracto: constituye la condición indispensable para la democracia, la protección de derechos y el fortalecimiento del Estado de derecho.