Colombia parece condenada a repetir sus errores. Bajo el rótulo llamativo de “Paz Total”, el gobierno de Gustavo Petro se presenta como el arquitecto de un nuevo amanecer. Pero lo que en el discurso se vende como reconciliación, en la práctica se traduce en una peligrosa rendición frente al Ejército de Liberación Nacional. Se trata de un pacto sin equilibrio, donde el Estado entrega legitimidad, recursos y poder político, mientras el ELN conserva intacto su aparato criminal, sus finanzas del narcotráfico y su dominio en vastos territorios.
El recuerdo de Machuca, en Segovia, es una herida que nunca cerró. En octubre de 1998 el ELN dinamitó el oleoducto Caño Limón–Coveñas, causando un incendio que arrasó con todo a su paso y dejó 84 muertos, la mayoría mujeres y niños. No fue un accidente ni un error de cálculo, fue un acto deliberado de barbarie que demostró el desprecio absoluto de esa guerrilla por la vida humana. Ese crimen, que debería mantener a sus responsables en el banquillo de los acusados, hoy es ignorado por un gobierno que prefiere tender alfombras de impunidad y presentarlos como actores legítimos en la mesa de negociación.
Machuca no fue un hecho aislado. El ELN ha atentado de manera sistemática contra la infraestructura estratégica del país. Sus ataques a oleoductos y redes energéticas provocaron millonarias pérdidas económicas, dejaron a comunidades enteras en la pobreza y ocasionaron desastres ambientales irreparables al contaminar ríos y suelos. Cada atentado no sólo golpeó a la economía nacional, también sembró desesperanza y destrucción en territorios donde el Estado ya estaba ausente. Esos crímenes no prescriben, ni pueden ser borrados con discursos de reconciliación improvisados.
El gran riesgo de la llamada “Paz Total” es que no se sustenta en la verdad, ni en la justicia, ni en las garantías de no repetición. En lugar de exigir el desarme inmediato y el sometimiento a la justicia, se abre la puerta a concesiones unilaterales que legitiman a una organización criminal que nunca ha renunciado a la violencia. Hoy, el ELN sigue secuestrando, extorsionando y controlando corredores estratégicos del narcotráfico, al tiempo que se sienta a negociar como si fuera un partido político.
El escenario es aún más preocupante cuando se denuncia que el ELN tiene injerencia en decisiones internas del Ejército. Ese hecho, de ser confirmado, constituye un golpe directo a la soberanía nacional y una traición a quienes visten el uniforme. Soldados y policías que han entregado su vida para defender la patria ven cómo sus verdugos son reconocidos con privilegios y poder de decisión, lo que deteriora la moral de las Fuerzas Armadas y debilita la autoridad del Estado.
La paz verdadera no puede construirse sobre la base de la impunidad ni del desconocimiento de las víctimas. Una paz digna exige memoria, verdad y sanciones reales para quienes han cometido atrocidades. Lo que propone Petro, en cambio, es un proceso de legitimación política que blinda al ELN y debilita las instituciones. El resultado no será un país en calma, sino un Estado reducido, incapaz de proteger a sus ciudadanos y sometido a las imposiciones de un grupo terrorista.
Colombia merece la paz, pero no a cualquier precio. La memoria de las víctimas y la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas no pueden sacrificarse en nombre de un proyecto político que confunde reconciliación con capitulación. Lo que hoy se presenta como “Paz Total” es, en realidad, un acuerdo de rendición que abre la puerta a más violencia, más desgobierno y más inseguridad.
El país debe entender que la paz no se decreta ni se improvisa, se construye con firmeza, con justicia y con respeto a quienes han sufrido. Cualquier otro camino, como el que hoy impulsa el gobierno, solo nos llevará a repetir la historia de dolor que hemos intentado superar.