La situación del sector energético tiende a agravarse, viene de mal en peor, sin que se vislumbre una solución. El riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio de energía sigue latente. Yo distingo el riesgo inmanente del riesgo inminente. En cuanto al primero, al depender de una matriz eléctrica en donde la capacidad instalada hídrica supera el 60%, estamos expuestos a un riesgo de racionamiento cuando nos enfrentamos a una hidrología crítica a causa del fenómeno de El Niño, tanto más en cuanto que de los 24 embalses que le sirven a la hidroeléctricas, solo uno de ellos, el de El Peñol, con el que opera Guatapé, tiene una capacidad de regulación que supera el año, el resto de ellos es de solo 4 meses.
En cuanto al riesgo inminente, gravitan sobre el sistema dos factores determinantes. El primero de ellos es el estrés del Sistema de Transmisión Nacional (STN), debido al déficit de la oferta de energía en firme con respecto a la demanda, que crece a un ritmo que duplica el crecimiento de la demanda. De allí que, según la firma XM, que administra el mercado mayorista y opera el STN, en este momento la OEF está en 237.55 KWH y la demanda en 241.89 KWH, esto es: tenemos un déficit de -1.8%, el cual será mayor el año entrante, estimándose en -2.5%.
Y ello obedece, a su vez, al ostensible atraso en la ejecución de importantes proyectos tanto de generación como de transmisión, empezando por Hidroituango, que ha debido entrar en operación en 2018, pero por una contingencia que se presentó de sus 8 unidades, con capacidad de 300 MW de potencia cada una, hasta la fecha solo han entrado 4. Y debido también a los 2.400 MW de capacidad de generación de energía eólica y hasta la fecha solo ha entrado uno de Iisagen de solo 24 MW, el 10%.
El otro factor que amenaza con un riesgo de racionamiento inminente es la crítica situación financiera que afrontan las empresas comercializadoras de energía, debido fundamentalmente a la deuda de los usuarios por concepto de la Opción tarifaria, cuyo saldo al corte de agosto de 2025 era del orden de los $2.6 billones, de los cuales el presidente Petro se comprometió a asumir la de los estratos 1, 2 y 3, que representa el 80%, pero hasta la fecha es una promesa incumplida. A ello se viene a sumar la deuda del Gobierno para cubrir los subsidios al consumo de los estratos 1, 2 y 3, que las empresas ya descontó y el Gobierno debe reintegrarles.
Al corte de agosto, dicha deuda ascendía a $2.4 billones. A ello se suman deudas con las distribuidoras de gas natural de $760.000 millones y a las de GLP $41.700 millones. Y lo más grave es que en el presupuesto de la actual vigencia solo se apropiaron los recursos para cubrir los subsidios del primer trimestre de este año. La reticencia del Gobierno en girar lo que adeuda a las empresas comercializadoras y evitar el colapso de la empresa Air-e, a sabiendas del riesgo inminente de un racionamiento, lo lleva a uno a concluir que, imitando la política que tiene al sector salud en la UCI, estamos en presencia de una crisis inducida del sector eléctrico.