Ante la desinformación que circula es necesario hacer algunas precisiones. Mi único propósito es aportar claridad sobre un tema espinoso: la independencia y autonomía judicial.
La jueza Sandra Heredia ha sido objeto de innumerables ataques, tras emitir, en cumplimiento de sus deberes funcionales, una decisión adversa al expresidente Álvaro Uribe. Sus detractores han intentado minar su credibilidad, por dos razones: primero, haber perdido en el pasado un concurso de méritos, que le habría otorgado un cargo en propiedad, recordando que su nombramiento actual es en provisionalidad; y segundo, sostener falsamente que el fallo no fue elaborado por ella, sino por el exfiscal Eduardo Montealegre.
Los hechos desmienten esas versiones. Montealegre ejerció como Fiscal General, entre 2012 y 2016, periodo en el cual no se acreditó animadversión contra el expresidente. El caso Uribe surgió en 2014, y en el 2018 la Sala Penal de la Corte Suprema archivó la investigación contra el senador Iván Cepeda, ordenando, en cambio, investigar al exmandatario. En 2020, la Corte impuso detención domiciliaria, decisión que posteriormente fue revocada por la jurisdicción ordinaria, tras la renuncia del expresidente al Senado.
En ese tránsito, la Fiscalía -bajo Néstor Humberto Martínez y luego Francisco Barbosa- solicitó la preclusión en dos oportunidades, ambas negadas por jueces distintos y confirmadas por la Sala Penal, del Tribunal Superior de Bogotá; es decir, existen decisiones firmes y reiteradas que sustentan la continuidad del proceso.
Pese a ello, los ataques contra la jueza Heredia no cesan. Es tanto, que el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Fasol) acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando medidas cautelares de protección, ante las graves amenazas y una horrible campaña de desprestigio.
No se puede olvidar que el 31 de julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia salió en defensa de la autonomía judicial, frente a los cuestionamientos que surgieron tras la decisión de la jueza Heredia. La alta corporación recalcó que la independencia constituye pilar esencial del sistema jurídico colombiano, rechazando cualquier injerencia indebida o afirmaciones que sugirieran que la providencia no estuvo ajustada a derecho. Asimismo, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) expresó su solidaridad con la jueza, recordando que solo los recursos previstos en la ley -ordinarios o extraordinarios- pueden controvertir sus decisiones.
Si existieran pruebas ilegales, nulidades o motivos de revocación, corresponderá al Tribunal Superior de Bogotá o a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, auscultar profundamente el fallo y determinar lo que en derecho corresponda. Todo lo demás son simples conjeturas, que solo alimentan la polarización, los rencores y los odios, cuando lo que debemos buscar es la paz y el bien común.