Como es bien sabido, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó en el Congreso de la República el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2026 aforado en un monto de $556.9 billones, equivalente al 28.9% del PIB, con un incremento del 9% con relación a los $511 billones de la actual vigencia y del 14.1%, si se excluye el rubro de servicio de la deuda. Concomitantemente, presentó también a su consideración un proyecto de ley de financiamiento contentiva de una reforma tributaria con el fin, según él, de que “se discuta paralelamente con la propuesta de PGN”.
Se repite la historia de hace un año, cuando se presentó el proyecto de ley de presupuesto de este año con un desfinanciamiento de $12 billones y se intentó infructuosamente que el Congreso le aprobara una ley de financiamiento por ese mismo valor para tapar el hueco. Ante la negativa del Congreso, el presidente de la República terminó decretando el PGN de la actual vigencia, viéndose compelido a decretar el congelamiento de dicha suma para equilibrar el presupuesto. Pero esta vez el monto del faltante es más del doble de dicha suma, ahora son $26.3 billones, los cuales se pretende recaudar con la socorrida ley de financiamiento.
Ante la reticencia del Congreso de aprobar una segunda reforma tributaria en el cuatrienio del presidente Petro, después de la del 2022, que estuvo precedida por la del presidente Duque en 2021, en esta última legislatura, signada por el agitado clima pre-electoral, con la desintegración del quórum de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes por parte de la bancada oficialista en momentos en los que se discutían propuestas para bajar y ajustar el monto del presupuesto, acorde con la expectativa de ingresos se le allanó el camino al presidente Petro para que este decrete, una vez más, el PGN para el año entrante, dado que se agota el 15 de este mes el plazo legal para evacuarlo por parte del Congreso.
Aunque el ministro Ávila aduce “No hemos evaluado un plan B”, el hecho cierto es que ello le conviene al presidente, quien no disimula su deseo de que quede en sus manos decretarlo, pues ello le permite esquivar el debate en el Congreso de la República, el cual podría poner en riesgo la aprobación de varios artículos que le dan facultades omnímodas al ejecutivo, entre ellos la de modificar y reprogramar lo atinente a las vigencias futuros, intento este que ha sido muy controvertido y cuestionado por poner en riesgo la confianza inversionista y la seguridad jurídica, al dejar en el limbo. Y ello pese a que la Contraloría General le advirtiera que “las vigencias futuras son de única destinación” y en consecuencia “no deben ser reprogramadas ni destinadas a otros fines”. ¡Así de claro!
Las críticas de expertos al proyecto de presupuesto presentado por Gobierno no se han hecho esperar. Como contexto es importante destacar que el mismo está precedido por la decisión del Gobierno nacional de recurrir a la Cláusula de escape de la Regla fiscal para desembarazarse de su cumplimiento y tener las manos libres para gastar sin límites.