Jorge Eliécer Gaitán fue sin duda uno de los personajes más influyentes del siglo XX. Político, abogado, orador y líder popular colombiano; alcalde de Bogotá, ministro de Educación, ministro de Trabajo y jefe del Partido Liberal. Vilmente asesinado el 9 de abril de 1948, día determinante en el inicio del conflicto armado colombiano. Un hombre que llamaba a la unidad del pueblo, a la restauración moral, a la justicia social, que devolvió la dignidad y soberanía al pueblo, que creía en la educación como herramienta de transformación, que apelaba a la democracia directa y de participación popular.
Un líder civilista que creyó en la fuerza de la movilización popular y pacífica. Sus discursos, aunque vehementes, nunca guerreristas, apelaban a la conciencia y a la organización democrática del pueblo. A su muerte, todos sus bienes y de su legítima heredera fueron expropiados por Mariano Ospina, so pretexto de construir un complejo arquitectónico que permitiera la conservación de su legado. Propósito fallido y totalmente enterrado por el gobierno de Álvaro Uribe, quien disolvió la persona jurídica que trabajaba en este propósito y entregó todos los bienes a la Universidad Nacional. Ahora Gustavo Petro, a través de las Resoluciones 257/24 y 294/2025, de manera deliberada reconoce a una estructura criminal y narcoparamilitar como ‘Ejército Gaitanista de Colombia’.
Los funcionarios como Otti Patiño se amparan en una narrativa falaz, diciendo que ellos no pueden evitar que un grupo se “autodenomine”. Sin embargo, esta no es una ‘autodenominación’, es el Estado reconociéndoles el nombre a través de actos administrativos. No es cierto que exista un deber jurídico del Estado de reconocer el nombre ni el estatus de beligerancia que un grupo armado se atribuya. El Estado colombiano solo reconoce su propia soberanía y puede, si lo estima políticamente conveniente, otorgar un reconocimiento de beligerancia.
La verdadera obligación estatal es garantizar los derechos de las víctimas, aplicar el DIH y buscar salidas de paz, no legitimar a los grupos por el nombre o título que reclamen; mucho menos si esto implica la revictimización de una familia entera y la vulneración de sus derechos humanos.
Hoy el Estado colombiano transgrede las leyes de Honores Gaitanistas, no cumple con el propósito con el que justificó la expropiación a la familia Gaitán y entierra la memoria del caudillo, permitiendo que su buen nombre se vincule con el crimen organizado. El incumplimiento de las leyes de honores, aunque tengan un carácter principalmente simbólico, debe tener efectos jurídicos concretos, frente a la nulidad de actos administrativos y responsabilidad disciplinaria y política de los funcionarios.