De acuerdo con algunos teóricos, la descentralización fiscal llevaría a una mayor eficiencia del Estado, ya que el gobernante local podría hacer una mejor asignación del gasto porque conoce las necesidades de los ciudadanos. A su vez, en la medida en que se financiarían con recursos propios, se verían obligados a actuar con más transparencia por la mayor exigencia de rendición de cuentas. Debido a que estos planteamientos se cumplen poco en la vida real, otros académicos hablan de la descentralización fiscal parcial.
El recaudo tributario en muchos países está concentrado en el Gobierno Nacional, debido a que resulta menos costoso captar impuestos desde el gobierno central. Eso es particularmente cierto con el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), donde tener un solo esquema de recaudación nacional facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.
Algunas experiencias internacionales muestran que es complicado el recaudo del Impuesto de Renta por departamentos, porque muchas personas residen en uno y trabajan en varios. En el caso del IVA, en países donde se ha asignado el recaudo a los departamentos, cada uno define un esquema tributario propio. Eso hace que empresas que venden sus productos en diferentes territorios, tengan que entrar a liquidar el IVA teniendo en cuenta varias regulaciones.
La descentralización fiscal termina trasladando la ejecución del gasto sin hacerlo en los ingresos. Como resultado, se han establecido unos esquemas de redistribución del recaudo tributario del gobierno central a los gobiernos subnacionales. El mayor gasto descentralizado se financia en gran porcentaje con las transferencias del gobierno central. Entramos, entonces, en el terreno de la descentralización fiscal parcial, porque no se logra una autonomía total en los dos lados, ingresos y gastos.
Dos elementos que no deben olvidarse en la descentralización fiscal parcial son la estabilidad macroeconómica y la capacidad institucional local. Un punto fundamental es el equilibrio fiscal nacional. Para mantener ese control se requieren reglas de juego claras sobre el manejo de los ingresos y gastos por parte de los distintos niveles de gobierno. A su vez, la capacidad institucional del recaudo tributario y la ejecución del gasto no es uniforme en el territorio. Esto requiere una descentralización fiscal parcial asimétrica, ya que debe considerar las diferencias en la capacidad institucional de los distintos gobiernos locales.
En síntesis, la descentralización fiscal parcial enfrenta limitaciones estructurales y administrativas. Para que sea exitosa, debe considerarse no solo la distribución ingresos y gastos, también la necesidad de mantener una sostenibilidad fiscal nacional y fortalecer las capacidades locales.