La elección del Dr. Camargo como magistrado de la Corte Constitucional colombiana estuvo rodeada de todo tipo de predicciones apocalípticas sobre el fin de nuestra democracia. Algo muy parecido a lo que sucedió cuando eligieron magistrado a Miguel Polo. Un espectáculo realmente deplorable promovido tanto por el Gobierno como por la oposición, que, lejos de contribuir al fortalecimiento de la democracia, la socaba. A continuación, por qué pienso que gobierno y oposición se equivocaron.
En primer lugar, porque al descalificar la terna que elaboró la Corte Suprema de Justicia para que el Senado eligiera magistrado/a de la Corte constitucional, terminan pasando el pecado de la especie al género. Me pareció tan desproporcionado decir que si elegían al Dr. Camargo el fascismo y la corrupción se tomarían esa institución, como afirmar que si optaban por la Dra. Balanta el presidente ampliaría su período o se reelegiría. Si hay algo que denunciar se debe hacer ante la autoridad competente.
En segundo lugar, porque en vez de valorar y comparar las calidades intelectuales, académicas y profesionales de los candidatos, lo que hicieron fue centrarse en una supuesta ideología partidista (duquistas, uribistas, petristas) de la cual eran deudores los aspirantes. Es posible que, como ciudadanos, los ternados puedan profesar una ideología política más o menos progresista o conservadora, pero en cuanto magistrados/as la única doctrina, filosofía o ideología que pueden profesar es la que se desprende de los principios, valores y propósitos establecidos en la Constitución, la cual tiene como núcleo: la defensa y garantía de los derechos fundamentales, de los derechos humanos y de los derechos políticos y de participación democrática.
Finalmente, porque no han comprendido que las actuaciones de los jueces están sometidas a precisas reglas, procedimientos, criterios hermenéuticos y principios de racionalidad que han hecho del conocimiento jurídico no solo un saber autónomo e independiente de la política y la moral, sino, también, como sucede con la jurisprudencia constitucional colombiana, una especie de “institucionalización de la razón” que sirve de modelo o ejemplo a los otros tribunales constitucionales en el mundo.
No dudo que es posible que un magistrado o magistrada desee o intente hacer que la Constitución diga algo que no dice o, incluso, algo contrario a lo que dice, pero esa opinión jurídica se va a encontrar con tres obstáculos: primero, la opinión de los otros magistrados/as; segundo, las decisiones anteriores del mismo tribunal con las cuales debe guardar coherencia y, tercero, con las convicciones generalizadas en la comunidad jurídica. De manera que la pregunta: ¿se salvó la democracia con la elección del Dr. Camargo? es portadora de una falacia de petición de principio, porque supondría que alguna vez estuvo en riesgo. Más bien habría que preguntarse: ¿cómo se salva algo que nunca estuvo en peligro?