La mañana del pasado miércoles 27 de agosto, 340 niños asistían a la misa anual, inaugural del curso en la iglesia de la Escuela Católica Annunciation, de Minneapolis (EE.UU.). A las 8:30 a.m., sorpresivamente un atacante disparó a través de las ventanas contra la totalidad de los estudiantes congregados en el interior, y como resultado: dos niños fallecidos inmediatamente, decenas de niños con heridas graves por proyectil; dos de ellos, igual que tres adultos, continúan en estado extremadamente crítico.
El autor de esta barbarie después de disparar se quitó la vida. Nacido como Robert Paul Westman, a los 17 años solicitó y obtuvo un cambio legal de nombre a Robin M. Westman, identificándose como mujer transgénero. En una nota de suicidio y en videos publicados por las redes, describió “años de depresión, rabia y frustración” que lo llevaron a concebir el ataque como una “misión” personal. La pregunta es: ¿antes y después del cambio de identidad esta persona tuvo evaluaciones psiquiátricas?
En Colombia con solo 1,2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, el acceso a la atención sigue siendo limitada, el país dispone de 17.708 camas para salud mental distribuidas en 7.100 instituciones, pero enfrenta un creciente desafío para la atención de enfermedades mentales. Durante el último año, por falta de pago de algunas EPS, se han cerrado más de 530 de camas destinadas a ese servicio en el país, 40 de ellas cerradas en el Distrito de Cartagena; la ciudad dispone de 6 instituciones (IPS), con 520 camas de salud mental distribuidas en 9 sedes.
La Conferencia Regional para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina adoptó la Declaración de Caracas en noviembre 14 de 1990, instando a reemplazar gradualmente los hospitales psiquiátricos por un modelo comunitario de salud mental que promueva la permanencia del paciente en su entorno social.
Los Principios de Brasilia (2005) actualizaron la Declaración de Caracas. ‘Estrategia y Plan de Acción en Salud Mental 2009’, de la OPS/OMS, recomienda impulsar la atención comunitaria y prevenir la institucionalización excesiva en América. El Consenso de Panamá 2010 es un acuerdo regional que reafirma la meta de “un continente sin manicomios” para el 2020, y promueve políticas de salud mental basadas en derechos humanos y atención primaria. El análisis arroja que es un error medir la calidad de la atención en salud mental por el número de camas, y no por el número de psiquiatras, evidentemente hay déficit de estos especialistas. La oportunidad para consultas psiquiátricas en algunas EPS está alrededor de 90 días; además, en muchos casos la entrega de medicamentos -si los hay- es inoportuna. Muchos problemas de salud mental serían resueltos ambulatoriamente -a tiempo- sin tener que llegar a la hospitalización, evitando los reingresos.