Colombia presume de tener un mercado de combustibles “liberalizado”, pero en la práctica mantiene un monopolio de refinación en manos de Ecopetrol. Con una capacidad de 420 mil barriles diarios, la empresa estatal concentra prácticamente el 100% de la refinación nacional. Aunque existen micro-refinerías privadas, su participación es funcionalmente irrelevante. El esquema actual de precios, diseñado con el objetivo de generar ingresos para la nación a través de Ecopetrol, suele ceder ante las presiones del populismo. El gran damnificado de esta posición es el consumidor colombiano. La libertad económica sería la mejor solución.
Según cifras de la Agencia Internacional de Energía, el margen de refinación en Estados Unidos ronda los USD 8 por barril, mientras que en Colombia se ubica en casi USD 14. Esta diferencia encarece la gasolina, el diésel y otros insumos clave para la industria. Hoy, mover un galón de diésel en Colombia cuesta, en promedio, un 25% más que en Chile y 40% más que en Estados Unidos, pese a que somos productores de crudo. Esta ineficiencia dictada por regulación afecta directamente la competitividad de la economía. Si no se permite la libertad de precios, por lo menos, debería incorporarse el costo real de la refinación local. Sin competencia genuina, nadie invertirá en el país.
Paradójicamente, el precio interno de los combustibles se calcula como si se importaran desde el Golfo De México (precio Platts), sumando transporte, impuestos y márgenes. Esto, en teoría, buscaba reflejar unos precios eficientes, ya que la libertad a terceros a importar combustibles suponía una disciplina de precio para Ecopetrol. No se reconocerían las eficiencias de producir localmente generando valor agregado para el crudo nacional, logrando combustible innecesariamente más caro para el consumidor.
La posición dominante de Ecopetrol garantiza un monopolio que impide mejorar los costos de producción. Estamos en el peor de los mundos, combustibles caros y déficit fiscal.
En México, tras abrirse el sector, autorizaron más de 15 proyectos privados de refinación, aumentando la capacidad instalada en un 20% en seis años. En Perú, las refinerías privadas mejoraron la calidad de los combustibles. En Brasil, se redujo los precios de refinación en un 15% en cinco años.
Ahora la gran defensa del monopolio es de “sostenibilidad” para garantizar la inversiones de “USD de 1,200 millones” para lograr el estándar Euro VI. Con el monopolio de refinación, Colombia seguirá pagando combustibles más caros, sosteniendo un déficit fiscal innecesario y retrasando su transición energética. Romper este monopolio no es un riesgo, es una necesidad impostergable.