Desde la semana pasada está suspendida, provisionalmente, la remodelación de ocho colegios de Cartagena, por decisión del Juzgado Noveno Penal Municipal, mientras decide de fondo una tutela interpuesta por la excandidata a la Alcaldía, Lía Muñoz, invocando la protección de los derechos de más de 6.000 estudiantes.
Según Muñoz, conocida militante del petrismo, ni la Alcaldía ni el Consorcio Mejoras IE Cartagena han socializado los planes de contingencia para garantizar la continuidad de las clases mientras se ejecutan las obras. Además expuso que no habrá entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y aumentará el riesgo de deserción escolar.
En el informe que el Gobierno Turbay le envió a la juez Elizabeth Araújo se lee otra cosa. En ese documento de 19 páginas, el Distrito respondió que en febrero expidió una circular que establece los lineamientos para implementar planes de contingencia. Esas medidas son revisadas y aprobadas por los colegios, a través de sus consejos Académico, de Padres y Directivo. Así debe garantizarse el servicio educativo, aunque las escuelas estén en obras.
Los trabajos contratados por la Alcaldía impactarán a las ocho instituciones de distintas maneras, porque no todas tienen el mismo nivel de deterioro: algunas tuvieron que mudar a sus estudiantes, mientras que otras seguirán en las mismas locaciones.
Las escuelas que no deberán mudarse son Jorge Artel, María Reina (sedes SAC-7 y Principal) y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. No lo harán porque los docentes y padres de familia adaptaron espacios de las instituciones para las clases, implementaron rotaciones según el grado escolar (pico y grado) o las intervenciones se ejecutarán en zonas administrativas.
Tres escuelas que funcionarán en sedes provisionales son Manuela Beltrán, San Juan de Damasco y Madre Laura. En todas ellas las jornadas deben desarrollarse como de costumbre, porque las comunidades fueron reubicadas a espacios alquilados, que el Distrito ya pagó.
Y la octava escuela intervenida y cobijada por la tutela es Santa María, cuya sede principal está cerrada desde el año pasado, tras un fallo judicial por el avanzado deterioro de su infraestructura. Los estudiantes fueron reubicados a la sede Sagrado Corazón.
El Distrito también le explicó a la Juez que el PAE no sufrirá impacto alguno, porque a esas ocho escuelas continuarán llegando las raciones industrializadas.
Esta semana debe haber pronunciamiento en primera instancia de un caso que ha sido noticia en Cartagena, principalmente por dos razones.
La primera, porque las escuelas necesitan urgente intervención por su evidente deterioro. El 78% estaba en mal estado a corte de 2023, según datos del Cómo Vamos.
Y la segunda, por la persona que interpuso la tutela: una exaliada de Turbay. Muñoz no sólo invitó a votar por él en 2023, sino que fue contratista de su despacho el año pasado.