La personalidad del magnicida estudiada desde la psiquiatría forense, se diferencia de la de otros asesinos, los motivos del primero generalmente son políticos o marcados por los denominados delirios reivindicatorios de Clarambault, también conocidos como manía litigante; forman parte de los delirios crónicos sistematizados de la escuela francesa; y en las clasificaciones actuales, corresponderían a lo que consideramos un trastorno delirante o paranoia.
La psiquiatría clásica distingue tres tipos de delirios de reivindicación, descritos por Henry Ey: los querellantes, que persiguen la defensa de su honor, sus derechos o sus propiedades; los inventores, que reivindican un mérito (invento, descubrimiento) y se quejan de que han sido plagiados y desposeídos de su patente; y Dide y Guiraud describieron a los apasionados idealistas, que reivindican sistemas políticos, filosóficos, de paz, ecología, etc. Le agregaría un cuarto, que no existía en la época en que fueron descritos los anteriores: el delirio de daño, como el que motivó el asesinato por un paciente del urólogo de Medellín, o el que eliminó el CEO en New York.
El asesinato de Miguel Uribe indudablemente tuvo motivación política, lo ha dicho la Fiscalía General de la Nación; la misma institución protagonista del ‘magnicidio jurídico’, el entrampamiento al expresidente Álvaro Uribe. La violencia letal contra Miguel Uribe y la condena penal de Álvaro Uribe significan una lesión profunda a los opositores, no parecen dependientes del azar, sino más bien como si correspondieran a una agenda minuciosa y sistemáticamente diseñada para golpear a la oposición.
Tocando este tema tan delicado, analicemos a quién favorecen estas acciones, así podemos señalar en la dirección correcta a la que deberían apuntar las líneas de investigación.
No deberíamos, como decía mi abuela, ‘buscar el ahogado río arriba’. La investigación de la Fiscalía ha seguido hasta ahora una línea única centrada en la autoría material y en el posible vínculo con disidencias de las Farc. Esa concentración, sin explorar otras hipótesis de autoría intelectual o de encubrimiento, erosiona la confianza ciudadana y abre espacio para sospechas de sesgo y omisión.
La Fiscalía ha presentado avances en la captura de sicarios y coordinadores logísticos, pero no ha profundizado en quiénes ordenaron ejecutar el crimen. Al descartar prematuramente conexiones internas en el esquema de protección de la UNP o de la Policía Nacional; como también las vinculaciones políticas del crimen, la percepción pública interpreta que sólo se quiere mostrar un ‘culpable fácil’. Esta narrativa simplificada, que apunta a señalar a las disidencias, alimenta teorías de conspiración y debilita la autoridad institucional, al dar la impresión de que ciertas líneas -incómodas para el poder- quedan intencionadamente sin explorar. Enfoque que sumado a la muerte conveniente del determinador, señalado por los investigadores, solo conlleva a la pérdida de credibilidad institucional.