El asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, es un golpe profundo a la democracia colombiana. Según cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), entre 2020 y 2024 más de 1.200 líderes sociales, políticos y comunitarios fueron víctimas de homicidio, y el último año electoral se registraron 364 hechos violentos contra actores políticos. La muerte de Uribe Turbay se suma a una tendencia alarmante que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Miguel Uribe provenía de una familia marcada por la violencia política, pero eligió la vía institucional: concejal, secretario de Gobierno de Bogotá, senador y aspirante presidencial. Su trayectoria representaba una apuesta por la política como herramienta de transformación y no como instrumento de confrontación destructiva. El hecho de que su asesinato haya sido ejecutado por un menor de 14 años ilustra el alcance del reclutamiento de adolescentes por estructuras criminales, un fenómeno que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, afecta a más de 14.000 menores en el país.
Esta realidad exige una reflexión profunda: el discurso político degradado, cargado de descalificaciones y odio, alimenta un clima que convierte las diferencias en justificación para la violencia. Según el Barómetro de la Democracia en América Latina (LAPOP), el 53% de los colombianos percibe que la política se ha polarizado en extremo los últimos cinco años.
Construir un país viable implica, primero, garantizar seguridad integral a todos los candidatos y dirigentes, sin distinción ideológica. No se trata de blindajes excepcionales, sino de un estándar mínimo para que la democracia funcione. Segundo, desactivar el lenguaje violento en la política y promover un pacto ético entre líderes, para centrar el debate en propuestas y no en ataques personales.
También es urgente fortalecer la justicia para evitar la impunidad: la Fiscalía reporta que más del 70% de los crímenes contra líderes políticos no llegan a sentencia condenatoria. Asimismo, la inversión en educación cívica es clave para formar ciudadanos capaces de participar informada y pacíficamente.
La muerte de Miguel Uribe Turbay no puede ser un hecho aislado que pronto olvidemos. Debe marcar un punto de quiebre para exigir un entorno político seguro, respetuoso y transparente. Un país viable no se construye sobre el miedo ni sobre la eliminación del adversario, sino sobre la certeza de que la vida y la palabra siempre estarán por encima de la violencia.
Si entendemos esto como sociedad, podremos transformar la indignación en acción y la acción en un pacto colectivo por la paz, donde la política vuelva a ser el arte de construir juntos y no la excusa para destruirnos.