Quedan pocas monarquías en el mundo, O bueno, al menos eso creemos. Desde Mónaco hasta Kuwait, pasando por España y Reino Unido. Pero..., ¿y si te dijera que hay monarquías que sobreviven ante nuestros ojos? Son casas reales camufladas con discursos académicos. Me refiero, ni más ni menos, a las universidades públicas.
Antes de que me acusen de hereje contra la educación (guarden las antorchas), quiero dejar algo claro: amo y defiendo la universidad pública, soy un hijo de ella; pero no se puede defender lo indefendible: en muchos casos las elecciones de rectores no son más que una ceremonia cortesana que perpetúa una monarquía encubierta.
Sobran ejemplos, pero tal vez el más sonado recientemente es el de la Universidad Nacional. En 2024, el Consejo Superior Universitario eligió como rector a un candidato que no obtuvo la mayoría en la consulta a estudiantes, docentes y egresados. ¿El resultado? Inconformidad, protestas y un aire de traición palaciega. Porque no fue la voz del pueblo la que eligió, sino la de la élite del trono académico.
¿Y en Bolívar pasa lo mismo?
Tanto la Universidad de Cartagena, como Unibac y la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, han sido blancos de críticas por sus mecanismos cerrados de participación. Las reglas parecen escritas para que solo unos pocos puedan aspirar a la corona, y quienes lo hacen deben contar con el respaldo del círculo de confianza del reino.
El caso de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac) es paradigmático. Su rectora Sacra Náder David asumió el cargo en enero de 1999. Tras ser designada nuevamente para el periodo 2025-2029, llegará a completar más de 30 años al mando del trono académico. Tres décadas con la misma corona. ¿Democracia o dinastía? ¿Dónde radica el problema? ¿Cuál es la solución?
La Ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de la educación superior en Colombia, establece en su Artículo 66 que el rector debe ser designado por el Consejo Superior Universitario, y que los requisitos deben estar definidos en los estatutos internos. Esta disposición, amparada en el principio de autonomía, ha sido el escudo perfecto para justificar decisiones verticales que, en la práctica, han vaciado de contenido la participación real de la comunidad académica.
Es hora de abrir un debate nacional. No basta con la indignación. Se necesita una modificación a la Ley 30, o en su defecto, una reglamentación clara que obligue a consultas internas vinculantes. Incluso podríamos ir más allá: ¿Se necesita una Constituyente Universitaria? Los congresistas deben apersonarse del tema. Si no hay voluntad de cambio, el riesgo no es solo institucional: es generacional.