Razón tienen los hermanos Iván y Nadina González García al mostrar públicamente su rechazo cuando su hermano, el conocido edil Luis Antonio González García, y otros ciudadanos, incluyendo al alcalde de la ciudad y reconocidos vecinos del barrio de Crespo, fueron abusivamente injuriados y calumniados desde uno de tantos y tantas portales y redes que, inexplicablemente y sin ningún tipo de control ético y periodístico, han tomado la decisión de matonear personas, ya sea por encargo de terceros o por malquerencias personales, de los propios responsables del programa.
Hace apenas unas semanas, el país entero, con el presidente a la cabeza, hacían llamados urgentes para bajar el tono del discurso de odio y del lenguaje ofensivo e insultante, con que se venía atizando la polarización y el respaldo a la confrontación inútil, que hace dos siglos impera en el territorio colombiano. Bajo ningún concepto es de recibo que esta situación se pretenda implantar hasta en los propios barrios, para promover conflictos entre vecinos, por el simple hecho de que un grupo de personas tomó la decisión de hacer uso de su derecho constitucional de asociación.
Queda difícil entender cómo una persona que se hace llamar periodista y director de un programa cívico ciudadano, sin ningún tipo de prueba, sin conocimiento, sin investigar, guiado tan solo por los rumores, los comentarios mal intencionados y por su odio y resentimiento, decide desatar una andanada de calumnias, injurias y acusaciones infundadas, sobre personas respetables que, si hay algo que mencionar de ellas es su permanente disposición a servir, trabajar solidariamente y ayudar sin esperar nada a cambio.
Tienen razón los habitantes del tradicional y residencial barrio de Crespo al rechazar estas faltas de respeto, estos infundios y estas conductas torcidas que, legalmente, deberían poner a estos personajes bajo el imperio del código penal y la vigilancia de fiscales y jueces, que restauren los derechos violados.
Muchos ciudadanos cartageneros, gente honrada y trabajadora, han sido víctimas de estos portales y programas, con apariencia inocente y temática cívico ciudadana, y se puede dar fe de que, en todos los casos en que se ha interpuesto la correspondiente denuncia, han recibido la protección de la Rama Judicial, que ha obligado a estos “periodistas infames” a corregir sus descaches.
Es necesario poner sobre el tapete el debate relacionado con el acoso periodístico, que ha llegado aparejado de la libertad de opinión descontrolada en redes, portales y medios virtuales. Las rectificaciones y “bajadas” de las informaciones de la red se han convertido en una forma fácil de burla, ya que, prontamente, los rectificadores contritos recaen, sin pudor, en nuevos y más feroces ataques, conscientes de la impunidad que los cobijará.