La próxima semana, cuando regrese de vacaciones, Ariel Zambrano Meza deberá salir de la dirección del Instituto de Deportes y Recreación de Bolívar (Iderbol), le dijo a La Contratopedia Caribe el gobernador Yamil Arana. Y tendrá que irse porque la Contraloría General dejó en firme un fallo fiscal en su contra, por hechos ocurridos durante la pandemia de Covid-19.
En aquel momento, Zambrano era el subdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y desde ese cargo avaló mercados con sobrecostos y menos cantidades de las contratadas.
La Contraloría encontró “sobrecostos significativos”, tras cotizar los 14 productos de cada kit en cuatro plazas de mercado y cinco almacenes de cadena en Bogotá. Ese análisis técnico arrojó $96.710 por cada paquete frente a los $106.250 que pagó la Ungrd, es decir, $9.540 más, sin sumar los costos de caja, embalaje y transporte.
La Contraloría también documentó menos gramos o mililitros en bienes básicos entregados, como arroz, atún en lata, fríjol, leche y aceite.
Avalando esos pagos, Zambrano tuvo una actuación “omisiva y negligente”, concluyó la Contraloría. Por eso, calificó su praxis de “culpa grave” y lo halló responsable fiscal.
Zambrano negó tener responsabilidad en esos hechos y apeló la decisión. Su abogado y el de los otros exsubdirectores dijeron que ellos “no eran los responsables de verificar la entrega de los kits a cabalidad, ni podían hacerlo personalmente por el contexto de la pandemia”. Por eso, trabajaron en equipo con los entes territoriales, llamados a verificar que las entregas en terreno se hicieran “de manera adecuada”.
La Contraloría refutó ese argumento recordando que existían otras maneras de corroborar la correcta ejecución de los contratos más allá de la presencia física de los funcionarios. “Podían reunirse y convocar a los entes territoriales, proveedores, entre otras opciones, lo que no hicieron con el rigor necesario”, se lee en la ratificación de la decisión.
Con la sanción en firme, Zambrano ingresó al Boletín de Responsables Fiscales, que es el reporte oficial de quienes tienen deudas con el Estado. Ingresar allí genera, de inmediato, causal de inhabilidad para ejercer cargos públicos en Colombia. Para salir, se debe pagar el detrimento causado al erario; casi $1.000 millones (exactamente, $904’139.565), en el caso de Zambrano.
La salida de Zambrano ya está cantada. “A mí me gusta su trabajo, pero no podría continuar con esa sanción. No lo puedo despedir sin justa causa y no estaba notificado sobre el fallo en su contra. Nos hemos enterado por noticias y luego constatamos en la página de la Contraloría”, le dijo el gobernador Arana a La Contratopedia.
Esa sanción fiscal empieza a marcar la caída de un funcionario que parecía inamovible del gabinete de Arana, pues tiene como padrino político al senador liberal y presidente del Senado por segunda vez, Lidio García Turbay.