En una democracia la abstención electoral puede interpretarse de varias maneras: desencanto de la política, protesta silenciosa o castigo a dinámicas de corrupción. En Colombia, ha sido relativamente alta, fluctuando entre el 40 y el 60%. Aunque este comportamiento es palpable en todo el país, es más notable en territorios históricamente apartados del centro político y económico, donde las precarias condiciones socioeconómicas, la desconfianza institucional o el limitado acceso a puestos de votación acentúan la inasistencia a las urnas.
En nuestras elecciones representativas el nivel de abstención no invalida el resultado, pues no hay un umbral mínimo de participación ciudadana para que las elecciones sean válidas. Es decir, resulta elegido quien obtenga la mayoría de votos, sin importar el nivel de participación. Además, abstenerse de votar no conlleva multas, sanciones, ni pérdida de derechos políticos, ya que en Colombia el voto no es obligatorio
El nivel de abstención, sin embargo, es políticamente importante. Puede reflejar desafección ciudadana frente al sistema democrático, pérdida de confianza en las instituciones o una sensación extendida de que el voto no tiene impacto real en las decisiones públicas. A nivel subnacional, adquiere una connotación más profunda. Las cifras de abstención permiten medir el pulso del vínculo entre los departamentos y las instituciones del Estado, sobre todo en elecciones nacionales como las presidenciales o legislativas.
Por ejemplo, a pesar de que en la segunda vuelta presidencial de 2022 se registró la abstención más baja de los últimos 24 años, varios departamentos superaron el promedio nacional. Mientras este último fue de 42,3%, Vichada (62,9%), La Guajira (60,3%), Chocó (58,7%), Bolívar (57,1%) y Amazonas (53,66%), no sólo superaron la media nacional, sino el 50% de abstención. De estos, Vichada, La Guajira, Chocó y Amazonas persisten en los puntajes más bajos en dimensiones como educación, salud e institucionalidad. Algunas investigaciones sostienen que en departamentos donde predomina la pobreza, la baja educación y la falta de información política, las tasas de abstención son más altas. Entonces, la abstención no solo refleja decisiones individuales, sino también la débil legitimidad democrática del Estado en territorios en los que no logra garantizar condiciones básicas para el ejercicio de derechos.
De cara a las elecciones nacionales del próximo año es fundamental que el Estado, además de garantizar la transparencia del proceso, también despliegue capacidades efectivas a nivel subnacional para asegurar condiciones mínimas de acceso y participación. Reducir la abstención no puede entenderse únicamente como un objetivo técnico del sistema electoral, sino como una tarea política que exige transformar las condiciones estructurales que impiden ejercer una ciudadanía plena. Lograr una democracia representativa y territorialmente equilibrada implica llevar el Estado, y su promesa democrática, a los lugares donde hoy está ausente.
(*) Investigadora de Dejusticia.