La transición energética es una prioridad nacional por la necesidad de diversificar la matriz energética reduciendo el uso de hidrocarburos. Sin embargo, las consultas previas y las licencias ambientales se han convertido en un obstáculo a este proceso. ¿Cómo conciliar el respeto a los derechos territoriales de las comunidades étnicas con el interés público que representan los proyectos de energías renovables? ¿Cómo evitar los abusos que se han presentado en los procesos de consulta?
El caso de la línea de transmisión denominada La Colectora es emblemático. Este proyecto, adjudicado en 2018 al Grupo de Energía de Bogotá, debía estar operativo en 2022 para evacuar más de 2.300 MW de energía renovable desde La Guajira.
Hoy, su entrada en funcionamiento ha sido aplazada hasta 2026, principalmente por los obstáculos derivados de las consultas previas con comunidades indígenas. Se realizaron 235 consultas en un lapso de 1.000 días, con una población estimada de 150.000 habitantes, lo que implica un promedio de 638 personas por comunidad. Sin embargo, muchas de estas comunidades son rancherías dispersas, algunas con menos de 50 habitantes.
A esto se suma la complejidad de las licencias ambientales. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tardó más de tres años en otorgar la licencia para el tramo Cuestecitas–Colectora, y solo lo hizo tras superar un recurso de reposición.
La consecuencia de estas demoras es la pérdida de confianza de inversionistas y la paralización de por lo menos 6 proyectos eólicos que ya habían sido adjudicados en subasta con una capacidad instalada de 1.535 MW. Algunos ya han sido cancelados y otros, como el de Windpeshi, han tenido que ser adquiridos por Ecopetrol para reactivarlos.
En Windpeshi la empresa Enel Colombia realizó 67 consultas previas con una población de 5.000 habitantes de comunidades Wayúu, promovió subcomités de diálogo y ejecutó proyectos sociales, pero encontró un territorio fragmentado, con disputas internas entre clanes, retornos migratorios desde Venezuela y asesores externos buscando beneficios individuales, que hicieron imposible el proyecto.
En el Valle del Cauca la empresa Celsia tuvo que abandonar la construcción de la segunda línea de transmisión de Yumbo a Buenaventura, tras enfrentar exigencias excesivas de algunas comunidades que no estaban debidamente constituidas o no tenían representatividad legítima; también se denunció la creación de comunidades ficticias con el propósito de obtener beneficios económicos o ejercer presión indebida sobre la empresa.
Para que estos problemas no se repitan se requiere una reforma profunda al sistema de consulta previa, que establezca criterios claros de representatividad y permita acuerdos colectivos agrupando comunidades con características similares, para establecer compromisos comunes y reducir tiempos sin vulnerar derechos. En casos excepcionales, el Estado podría declarar ciertos proyectos como de utilidad pública, pero esto debe ir acompañado de garantías reforzadas para los derechos humanos y ambientales.
De otra parte, es urgente fortalecer la capacidad técnica y operativa de la ANLA, con mecanismos de evaluación acelerada para proyectos estratégicos que ya han superado etapas de planificación y viabilidad.