El principio de “razón de Estado” tiene sus raíces en el pensamiento de Maquiavelo, quien justificaba que los gobernantes actuaran por fuera de la legalidad y de la moralidad, cuando dicha actuación tuviera como propósito la supervivencia, seguridad o grandeza del Estado. Se trató de una manera de ejercer el poder y de una racionalidad en el arte de gobernar muy común en el siglo XVI. No obstante, frente al abuso constante de este principio por parte de los gobernantes, en los siglos XVII y XVIII fue cada vez más común oponer a la razón de Estado, el principio de “razón jurídica” que elaboraron y justificaron los juristas con fundamento en tres argumentos: la existencia de las “leyes fundamentales del reino” que se pensaban era anterior y fundante del Estado, la idea de derechos naturales universales e inalienables y la hipótesis de un pacto o contrato social. Estas tres convicciones constituyeron límites infranqueables que un gobernante no podía transgredir, a menos que quisiera convertirse en tirano.
A partir de entonces y, especialmente, luego de las revoluciones liberales, el Estado dejó de ser considerado como un ente autónomo que existe por sí y para sí, para transformarse en un Estado de Derecho, esto es, en una entidad sometida a principios y reglas coactivas e imperativas que limitaban el poder de las autoridades y garantizaban los derechos y libertades básicas de los ciudadanos. Estado de Derecho que, luego de los juicios de Nuremberg, se transforma en Estado social, constitucional y democrático de derecho, en el que -como señala Ferrajoli- no hay lugar para poderes soberanos, pues todos están sometidos y restringidos por los derechos fundamentales, los derechos humanos y las cláusulas pétreas (reglas y garantías democráticas que solo pueden modificarse mediante mayorías calificadas).
Esta contraposición entre razón de Estado y razón jurídica -me parece- ayuda a comprender la transformación de muchos estados latinoamericano que pasaron de ser democracias a simples autocracias y, me parece, explica la situación actual del gobierno colombiano, en donde parecen confluir dos facciones. Una demócrata, que acompañó al presidente Petro en sus inicios, pero que progresiva y sistemáticamente ha venido perdiendo influencia, y otra autócrata, representada por aquel sector que hoy rodea al mandatario, y que constantemente estimula y justifica actuaciones por fuera del orden constitucional, como cuando se promueve la expedición de un decreto que convoca una consulta popular, desconociendo a la rama Legislativa; se invocan “razones de seguridad” para justificar – al parecer- el uso abusivo de un avión y un helicóptero de la Policía por parte de una funcionaria; se promueve (por fuera del orden constitucional) una “octava papeleta” para convocar una constituyente; o se desafía a la democracia y la Constitución anunciando la reelección de facto del actual mandatario.
*Profesor universitario.