No soy jurista, por lo que siento cierta incomodidad escribiendo acerca de un tema que no es de mi quehacer, pero solo expongo mis apreciaciones, como si hiciera parte de un jurado. Durante el periodo clásico de la Grecia antigua, 399 a. C., podemos examinar el juicio a Sócrates, acusado formalmente por Meleto, a quien venció en un contrainterrogatorio público, demostrando inconsistencias en sus argumentos.
Transición energética y consultas previas
Mauricio Cabrera GalvisEn la defensa, narrada por Platón y Jenofonte, Sócrates empleó su método mayéutico, y también la ironía, para exponer la falta de fundamento en las acusaciones, y reivindicar su labor filosófica como búsqueda de la verdad. En la votación inicial de 500 jurados, lo encontraron culpable por una diferencia mínima. Tras la condena, Sócrates tuvo la oportunidad de apelar proponiendo una pena alternativa a la muerte, sugirió permanecer subvencionado en el Pritaneo o pagar una multa, negándose a renunciar a sus principios. En la segunda votación, la pena de muerte fue ratificada con 280 votos a favor y 220 en contra. Finalmente, tras retrasar la ejecución durante un mes. por la festividad Delia, según prescripción legal, bebió la cicuta.
La guerra jurídica, conocida como “Lawfare”, alude al uso abusivo e ilegal de instancias judiciales para perseguir, neutralizar o desprestigiar a un adversario político, manteniendo siempre una apariencia de legalidad. Este fenómeno se manifiesta cuando se instrumentaliza la ley y los procedimientos judiciales con fines eminentemente partidistas o estratégicos, más que con la búsqueda objetiva de la justicia.
Un elemento imposible de negar se hizo evidente durante este proceso: la acción punitiva del senador Iván Cepeda, según parece, pisando más allá de los límites que establece la Ley, con el fin de único de perjudicar al expresidente Álvaro Uribe; llegando, según las apariencias, hasta al abuso de poder mediante la instrumentalización de la justicia; Cepeda habría incurrido, presuntamente, en varias violaciones al Código Penal colombiano.
En Colombia existe legalmente la presunción de inocencia, así como la igualdad de armas en el juicio; lo que vimos, apreciamos e interpretamos por la televisión, fue que la fiscal no pudo demostrar, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad del expresidente Álvaro Uribe, por lo que esperaríamos que se le declarara inocente; si no, tal vez, como consecuencia de la refutación acertada contra los argumentos de la acusación, debido a la contundencia de las pruebas presentadas por la defensa.
A muchos ciudadanos nos parece, hasta ahora, que el expresidente Uribe no tuvo un juicio justo y que, jurídicamente, el acusador resultó más envainado que el acusado. Por eso, somos muchos quienes esperamos que, como mínimo de justicia, la señora jueza, obrando conforme al derecho, aplique el principio de in dubio pro reo y declare su inocencia ante la duda razonable.