“Ladran Sancho, señal que cabalgamos”
(Diálogo figurado entre Don Quijote y Sancho)
Juez 44 del circuito penal de Bogotá.
Dra. Sandra Liliana Heredia, cordial saludo,
En estos momentos usted no solamente representa al pequeño pueblo que la vio nacer, “Alpujarra”, tierra de grandes letrados, también usted hace valer a ese hermoso terruño firme, “Tolima”, lleno de gente franca, vertical y gallarda; además, a la administración de justicia y todo el pueblo colombiano, que creemos en el orden justo que debe de imperar en nuestro país. Durante el desarrollo del proceso que se adelanta en contra del ex-presidente Uribe, usted ha enfrentado tutelas, recusaciones y todo tipo de presiones, como las ejercidas por los periodistas y los medios tradicionales de comunicación. No soy nadie para sugerirle nada, solo me asiste un pequeño comentario ad portas de la crucial decisión que le convoca su atención y es que se encierre en sus cuarteles de invierno, no escuche ninguna noticia, como tampoco ningún consejo, tiene usted que decidir uno de los casos judiciales de mayor connotación de este siglo. De usted solo se espera que actúe con completa imparcialidad y objetividad.
Usted conoce la sentencia C-288 de 2012, en ella nuestra Corte Constitucional señaló: “(…) para el caso de los jueces la autonomía y la independencia se reconoce a partir del papel que desempeñan en el Estado, esto es, garantizar los derechos de los ciudadanos y servir de vía pacífica e institucional para la resolución de las controversias. Por tanto, la separación de poderes respecto de la Rama Judicial se expresa a través del cumplimiento estricto de la cláusula contenida en el artículo 230 de la Constitución, según la cual, los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley(...)”.
Expida usted su fallo, Dra. Sandra Liliana, cualquiera que sea su decisión, con sabiduría, ponderación, buen análisis racional de la prueba. Usted, en el Estado de Derecho que rige en Colombia, se debe ceñir exclusivamente a la ley, al análisis imparcial de los hechos materia de debate y a la valoración objetiva de la prueba. No es más.
No causa ninguna sorpresa que Tomás Uribe proponga que el caso de su padre se deba discutir en los foros académicos, en el trabajo, en la familia para lograr un juicio justo. Eso está bien, pero quien decide en últimas el sonado caso es la señora juez.
Luego viene la candidata Vicky Davila, manifestando que: “Si lo condenan será sin pruebas, sería un juicio político a Álvaro Uribe, será la forma de concretar la venganza en su contra. Si es en derecho, el fallo tiene que ser absolutorio”. ¡Caramba! La ahora egregia jurista trata de un “lawfare” (un juicio, como arma política), parece que se olvida que la génesis de este proceso acaece cuando Uribe denunció al congresista Cepeda en el año 2012, asegurando que el senador estaba buscando paramilitares para que declararan en su contra y lo relacionaran con la creación de un grupo paramilitar en la década de 1980, que funcionó en una hacienda que perteneció a su familia. La Corte Suprema de Justicia, en el año 2018, finalizó el caso a favor del senador y ordenó abrir proceso contra Uribe para que se investigara si él presuntamente había manipulado testigos. En el 2024, la Fiscalía acusó formalmente al ex-presidente por soborno de testigos y fraude procesal. Es indudable que a la bancada de la defensa se le han brindado todas las garantías y en forma inmaculada se ha seguido el principio del debido proceso.
No estoy suscrito a la revista “Semana”, me quedé simplemente con un titular de una noticia, ya que no deseo darme cuenta de los nombres de 40 grandilocuentes jurisconsultos que repiten como loros la cacaraqueada postura que se trata de un juicio político, detallando algunas irregularidades en el caso. Esperemos a ver qué nos dice la sentencia.
Que no se me pase por alto y no podía faltar la intervención de los medios de comunicación tradicionales, representados en este asunto por el señor Juan Lozano, director de “La FM”, quien publicó en “El Tiempo” un artículo en el que menciona que Uribe “debe de ser absuelto”. Taimadamente no menciona que fue un alto funcionario del gobierno del ex-presidente. Manifiestó: “Nada más oprobioso para cualquier juez en el mundo que condenar a un inocente, sobre todo en una sociedad que está hastiada de los escándalos y la impunidad que ha cobijado a los máximos responsables de crímenes atroces y crímenes de lesa humanidad”. A sus dichos, en lógica, se les llama: “Falacia del hombre de paja o el espantapájaros”, se distorsiona el problema de fondo (juicio del ex-presidente) con frases distractoras (tratar de escándalos y de impunidades) como simples cortinas de humo para ocultar la realidad. Se reitera, no son los periodistas, ni los medios de comunicación, es sólo la juez la que tiene el balón en su cancha para decidir en favor o en contra del “acusado”.
Cerrando la tapa del congolo, en una clara injerencia e irrespeto a la soberanía de nuestro Estado colombiano, el congresista republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, advierte en su cuenta de “X” que no “se puede permitir el uso de la instancia judicial como arma contra el expresidente Uribe”. No está solo, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en forma amenazante, señaló: “el Comité está preocupado por los informes de violaciones al debido proceso e irregularidades judiciales en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, incluidas las denuncias de vigilancias no autorizadas, denegación del derecho de defensa y conflicto de intereses”. Luego tratan de “amenazas al debido proceso y la independencia judicial” y agregan: “Valores democráticos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo” (informe del 23 de julio de 2025).
No se puede desestimar este informe, el 10 de julio de este año, Trump anunció la imposición de aranceles del 50% a todas la importaciones de Brasil. Entre sus argumentos incluyó su indignación por el juicio que se adelanta en contra de su aliado brasileño, el ex-presidente Bolsonaro, acusado de liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones. Trump señaló que “es víctima de una cacería de brujas”. En nuestra tierra, los áulicos del expresidente Uribe reseñan que “es un juicio político”. Sea cualquier tipo de argumento que se utilice, falso o no, mitómano o no, la última palabra la tiene la señora jueza, Dra. Liliana Heredia. Ella será la encargada de analizar la probanza, imponiendo sentencia de sanción o de condena. Luego, les quedará el camino expedito a la defensa, al Ministerio Público, la fiscalía, las víctimas, para que interpongan los recursos que consideren apropiados. Mano firme y conciencia tranquila, señora jueza, en sus manos está uno de los fallos más históricos de este país.