Durante décadas, el modelo laboral colombiano fue moldeado por reformas que desmontaron derechos fundamentales. En nombre de la competitividad y la generación de empleo, gobiernos como el de Álvaro Uribe —con la Ley 789 de 2002— ampliaron la jornada diurna hasta las 10 p. m., redujeron el recargo dominical del 100 % al 75 % y facilitaron la contratación temporal, los pactos colectivos y la tercerización. Como resultado, millones de trabajadores fueron empujados a empleos inestables, mal remunerados y sin garantías mínimas. Hoy, más del 58 % de la población ocupada está en la informalidad, y uno de cada tres trabajadores gana menos del salario mínimo.
Transición energética y consultas previas
Mauricio Cabrera GalvisFrente a este panorama, la reforma laboral aprobada el 25 de junio de 2025, promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro y convertida en la Ley 2466, representa un acto de reparación histórica.
La Ley restituye el recargo dominical al 100 % (de forma progresiva), recupera el horario nocturno desde las 7 p. m., limita la tercerización de funciones permanentes, establece el contrato indefinido como regla general y fortalece el debido proceso disciplinario.
Además, reconoce como relaciones laborales especiales el trabajo en plataformas digitales y el contrato de aprendizaje, formaliza el trabajo doméstico y rural, promueve la inclusión de personas con discapacidad y protege a víctimas de violencia de género. En suma, es una apuesta estructural por el trabajo decente y con derechos.
Aun así, queda mucho por avanzar. Colombia sigue siendo uno de los países que más temprano inicia la jornada laboral y que más trabaja sin seguridad social. Mientras países de la OCDE consolidan jornadas de 35 a 40 horas, licencias familiares amplias y altas tasas de sindicalización, aquí seguimos lejos de esas garantías. Esta reforma nos alinea parcialmente con estándares internacionales, pero no agota la tarea. La lucha por un modelo laboral justo, sostenible e incluyente debe continuar.
Porque está demostrado: cuando un país dignifica el trabajo, mejora la productividad, reduce la rotación, aumenta la cohesión social y dinamiza su economía. Bienvenida sea entonces esta reforma que no solo devuelve derechos, sino que reafirma una verdad elemental: el trabajo digno no es un lujo ni una utopía, es la base para construir un país más justo y vivible.