En el año 2020, la economía y las finanzas del Estado se vieron seriamente afectadas por la crisis pandémica. Los mayores gastos que demandó de parte del Estado para paliar y contrarrestar sus devastadores efectos, trajo consigo un menor recaudo de impuestos, menguó los ingresos, impactando por partida doble a la caja registradora de la Nación. De allí que este año cerrara con un déficit fiscal, también histórico, de -7,8% del PIB.
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Marilyn Espinosa OsorioEn los años subsiguientes, 2021, 2022, 2023 y 2024, el déficit fiscal registró, sucesivamente -7,1%, -6,2%, -4,2%, disparándose en el 2024 hasta alcanzar un déficit de - 6,8%, el más alto en 20 años, excepción hecha de los años 2020 y 2021, lastrados por la pandemia. Indudablemente, uno de los datos más preocupantes tienen que ver con el bajonazo de los ingresos tributarios en 2024, al ubicarse el recaudo en $18,5 billones, muy por debajo de los $13,9 billones estimados por el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Desafortunadamente las expectativas de mayores ingresos por cuenta de las reformas tributarias de 2021 y 2022 no se cumplieron, las cuales, sumadas, según ANIF, le representarían al fisco mayores recaudos del orden de los $50 billones. Ello, debido sobre todo a que puntos claves de la última de ellas como la no deducibilidad de las regalías, que pagan las empresas extractivas, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Se destaca también el incumplimiento de la meta de la DIAN de un mayor recaudo por valor de $15 billones por resolución de litigios, sin sustento alguno para ello.
Según ANIF, “los impuestos sobre la renta, uno de los pilares del ingreso corriente del Estado, cayeron -15% en 2024, luego de haber crecido a tasas elevadas los dos años anteriores (29,4% en 2022 y 46,4% en 2023)”. Lo más grave es que “esta contracción en la tributación contrasta con el crecimiento sostenido del gasto, que se expandió 42,5% en 2024”. El desbordamiento del gasto en funcionamiento es ostensible. Según el profesor de la Universidad Javeriana, Henry Amorocho, “el gasto en funcionamiento creció 14% en términos reales”, en contraste con el incremento en los ingresos del Estado de 2,33% nominal.
Y, como era de esperarse, para sostener este tren de gasto por parte del Gobierno se recurrió al endeudamiento, de allí que el nivel de endeudamiento pasó del 57,6 en 2022, al 61,3% en 2024. Según el superintendente financiero, César Ferrari, aumenta también “por la deuda, que creció significativamente desde 2020. El pago de intereses pasó de 2,8% del PIB en 2020 a 4,7% en 2025. Así, el pago de intereses pasó de $53 billones en 2020 a $112 billones en 2025”
El Gobierno no logró pasar por el Congreso la aprobación del Presupuesto para el 2025, debido a su desfinanciamiento cifrado en $12 billones, lo cual lo llevó a expedirlo por decreto, y tampoco le pasó su proyecto de ley de financiamiento con el que intentó tapar el hueco. A este propósito, afirma Corficolombiana que “la desfinanciación del Presupuesto de 2025 no se debe solo a que no pasó la ley de financiamiento, también a que los ingresos tributarios que espera el Gobierno para financiar ese presupuesto, no son acordes a la realidad fiscal y económica”.