Durante la noche del martes 15 de julio, el presidente Gustavo Petro volvió a dirigirse al país en alocución televisada, dándole continuidad a su muy particular manera de comunicar decisiones de gobierno. Esta vez, denunció abiertamente un presunto robo de recursos públicos por parte de las EPS. Según un informe de la Contraloría y cifras del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2024, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) entregó 87,89 billones de pesos a las EPS, pero estas solo reportaron ingresos por 85,18 billones. ¿Dónde están los 2,71 billones que “no aparecen”?
El informe fue divulgado por medios tradicionales como Caracol, que en lugar de centrar la atención en esta alarmante inconsistencia, desviaron la conversación adjudicando el faltante a supuestos incumplimientos del gobierno. Esto, más que un error, es una violación al derecho fundamental a la información que tenemos los ciudadanos. No se puede minimizar una denuncia de esta magnitud con una muy tibia rectificación.
Y mientras tanto, ¿de qué se habla? Del tono del presidente. Que si estaba raro, que si estaba borracho o drogado. Pero casi nadie se detiene a cuestionar lo verdaderamente grave: ¿están robándose el dinero de nuestra salud? ¿Es esto la confirmación de lo que muchos intuíamos hace años?
Lo mismo ocurre con las denuncias en el Ministerio de Igualdad, donde se han reportado posibles casos de discriminación dentro de una entidad creada, precisamente, para proteger a poblaciones históricamente violentadas. ¿Será que una vez más el clasismo y el arribismo colombiano nos impide mirar lo esencial?
No, esto no es una defensa al presidente. Como feminista, he sentido profundas decepciones frente a este gobierno, especialmente por el empoderamiento de personajes violentos, misóginos y acosadores. Pero eso no quita que lo urgente es exigir a los entes de control que investiguen. Hay que identificar a los responsables de un sistema que está literalmente matando pacientes.
La Defensoría ya había alertado: entre 2022 y 2024, las quejas por acceso a salud aumentaron 75,7%. Solo el acceso a especialistas pasó de 4.262 a 9.349 quejas. La entrega de medicamentos se duplicó, y las quejas por desacatos judiciales siguen creciendo.
Ya se acaba este gobierno. No resolvimos el problema. No pasó la reforma. ¿Y ahora qué vamos a hacer?
*Abogada con Especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.