Colombia enfrenta hoy sendos problemas similares en dos servicios fundamentales: el malestar del sistema de salud y el deterioro histórico y progresivo del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe.
Aunque corresponden a sectores muy distintos, coinciden en síntomas: deudas multimillonarias, prestación deficiente, intervención estatal sin resultados y un latente riesgo sistémico.
Días atrás, el exsuperintendente de Salud Conrado Gómez advirtió que “no se pueden liquidar todas las EPS” sin desestabilizar el sistema. Esta advertencia aplica para el caso de las intervenciones de empresas de energía que operan en la costa.
Hace casi 10 años, la intervención de Electricaribe en su momento tampoco resolvió la crisis eléctrica; al contrario, demostró que reemplazar a un operador sin resolver las causas estructurales solo prolonga la crisis.
El sistema de salud arrastra deudas por más de 32 billones de pesos. En el sector energético del Caribe, los pasivos heredados encontrados en el 2016, llegaron a superar los 5 billones de pesos sin sumar los montos de las necesidades de inversión para la modernización de la infraestructura cercanas a los 15 billones de pesos en los siete departamentos en una década.
Ambos sectores han dependido de subsidios cruzados, han padecido de vigilancia insuficiente y han sido víctimas de decisiones políticas con mirada cortoplacista. El resultado ha sido un servicio costoso, ineficiente y, lo más grave, una población usuaria que ha perdido la fe en las instituciones por las debilidades del servicio que reciben.
Desde las políticas públicas, se sabe que la solución al problema energético no es solo técnica, sino también social y estructural: es necesario incluir dentro del catálogo de soluciones, modernizar redes, revisar tarifas, garantizar la sostenibilidad financiera y empoderar a las comunidades como protagonistas del cambio.
Esa misma lógica puede aplicarse hoy al sector salud. Retomando las reflexiones del exsuperintendente, se requiere de una auditoría real de la deuda, el ajuste urgente del valor de la UPC, reglas de pago claras para IPS y hospitales, y una articulación más sólida entre el Gobierno nacional, los entes territoriales y los usuarios.
Ambos sectores enfrentan un riesgo común: el colapso sistémico. En salud, la liquidación masiva de EPS sin una red alternativa viable puede dejar millones de usuarios sin atención médica oportuna. En energía, ya lo vivimos: comunidades enteras padecieron apagones y altas tarifas, sobre todo en los últimos tres años, mientras el Estado buscaba, y aún lo hace, soluciones de emergencia.
Así como el Caribe exige una energía digna y confiable, los colombianos merecen un sistema de salud que funcione con eficiencia y equidad.
En ambos sectores, más allá de apagar incendios, se trata de implantar soluciones estructurales. Para ese propósito deben concurrir, además del Gobierno nacional y local, todos los actores de la cadena de cada sistema.