La digitalización del Estado se aceleró tras la pandemia y hoy atraviesa todos los sectores, incluyendo el acceso a bienes, servicios y la garantía de derechos. Sin embargo, la principal barrera para mejorar la interacción digital entre la ciudadanía y las entidades públicas es la brecha digital. Esta no solo implica acceso a internet y dispositivos, sino también habilidades, motivación y uso efectivo de la tecnología, que reflejan desigualdades sociales. Este fenómeno afecta también a las entidades del Sistema de Justicia Transicional, cuyos principales beneficiarios son las víctimas del conflicto armado, una población que enfrenta niveles de pobreza 17 puntos porcentuales por encima de la población no víctima.
Las entidades de justicia transicional, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) han implementado diversos canales digitales para la participación de las víctimas. Estos se han dirigido a difundir información y también se han utilizado para realizar actividades centrales para la misionalidad; como las versiones voluntarias, las audiencias de verificación del régimen de condicionalidad, y la herramienta de búsqueda inversa.
La implementación de canales digitales en la justicia transicional se encontró con una brecha digital nacional de 0,39 (indicador que va de 0 —ausencia de brecha, a 1 —brecha absoluta), que en ciertos departamentos es más profunda; por ejemplo en la región Caribe: en Bolívar es de 0,45, en Magdalena es de 0,46, en Sucre es de 0,48 y en Córdoba es de 0,49. Parte de las expresiones de esas brechas dan cuenta de condiciones de desigualdad material. Así, los obstáculos más frecuentes son: falta de acceso a dispositivos adecuados, cobertura de internet insuficiente y de baja calidad, y falta de habilidades y conocimientos para usar con diversos propósitos las herramientas digitales. Si bien no es algo exclusivo en la justicia transicional, su impacto es directo en la garantía de los derechos de las víctimas.
Aunque la cobertura de internet continúa ampliándose en el país, su avance y la formación en habilidades digitales no va al mismo ritmo de la digitalización. La necesidad de participación de las víctimas es urgente dada la temporalidad limitada de la justicia transicional; por eso se requiere implementar medidas contingentes que acompañen el avance paulatino en la cobertura y la formación. Involucrar de forma más activa a las autoridades locales y ofrecer mejores herramientas a los líderes sociales para que acompañen los procesos de participación a las víctimas son pasos clave para garantizar una participación real. Porque sin señal, no hay participación. Y sin participación, no se cumple con la promesa de justicia.