La propuesta de Gustavo Bolívar para que los influenciadores revelen públicamente si están recibiendo pagos por hacer publicidad política en redes sociales, a través del uso del hashtag #PPP (Publicidad Política Pagada), ha encendido un debate tan oportuno como incómodo. De cara a los comicios de 2026, y con un panorama electoral crecientemente digitalizado, el planteamiento toca un nervio sensible en Colombia: la falta de transparencia en un ecosistema donde la opinión pública se moldea, muchas veces, a través de discursos camuflados y contenidos patrocinados que no siempre se reconocen como tales.
Los influenciadores —convertidos hoy en actores centrales de las campañas— operan en una zona gris donde la línea entre convicción genuina y propaganda financiada se ha vuelto casi imperceptible. Su autenticidad aparente, precisamente lo que los hace atractivos, es también su mayor riesgo cuando es manipulada sin advertencia. Exigir un etiquetado claro de los contenidos pagados es una medida que fortalecería el derecho del ciudadano a saber si está siendo persuadido o simplemente informado. Sí, el debate que abre Bolívar es importante, pero también hay que anotar que el hoy precandidato presidencial formó parte del gobierno Petro, en un periodo en el que hubo noticias relacionadas con el presunto uso de “bodegas” digitales que defienden al oficialismo y atacan a críticos.
Si los discursos políticos que circulan en redes sociales (o cualquier medio) están influenciados por pagos ocultos, se está falseando la base misma sobre la que los ciudadanos toman decisiones. La falta de transparencia en ese entorno digital fragmenta el capital social, polariza y reduce la posibilidad de convivir en la diferencia.
Esta discusión no es solo local. En EE. UU., México, Brasil, India y varios países de Europa, se han documentado casos en los que influenciadores han difundido contenido pagado sin advertencia, incluso en contextos de desinformación deliberada, como campañas contra candidatos o instituciones democráticas. En la Unión Europea, donde existen marcos legales avanzados como la Ley de Servicios Digitales, una auditoría reveló que solo el 20% de los influenciadores etiquetan sistemáticamente su contenido como patrocinado.
Si Colombia quiere avanzar hacia una democracia más sólida, se necesita más que un hashtag. Se requiere legislación clara, voluntad política para aplicarla sin sesgos, responsabilidad de las plataformas digitales para vigilar sus espacios, y una ciudadanía educada para consumir con criterio y no caer en la trampa de las opiniones compradas disfrazadas de autenticidad.
Adenda: ¿En qué va el Proyecto de Ley 394/25, que propone formalizar la actividad de los influencers, garantizar la transparencia en la publicidad digital y fomentar la profesionalización del sector?