A propósito del estado actual de nuestra democracia, que ha pasado de la polarización a la radicalización política, impidiendo construir consensos básicos en cuestiones mínimas como: un modelo económico que suscite no solo el crecimiento, sino, también, la redistribución justa de la riqueza, o la formulación de una política pública que permita enfrentar la criminalidad y garantizar la seguridad, o sobre el rol de las instituciones democráticas, que evite o ayude a superar la actual situación de desconfianza institucional entre las ramas del poder público que hoy se acusan mutuamente de promover golpes o autogolpes de estado. Digo, a propósito de todo lo anterior, que es necesario introducir en nuestras prácticas políticas aquellos elementos deliberativos que ya se encuentran incorporados en nuestra Constitución, y que contribuirían, sin duda, a mejorar la calidad de nuestra democracia.
Para comenzar, debo señalar que la idea de una democracia deliberativa surgió a finales del siglo XX y en sus tres versiones (Baber, Rawls y Habermas) surge como una alternativa a la versión clásica de la democracia liberal. Cuatro serían los elementos que la definen. El primero es el diálogo, pues este modelo exige que las decisiones políticas sean el resultado de la deliberación racional (no emocional) y del consenso rescindible entre los ciudadanos libres, autónomos e informados. En el anterior sentido, la democracia deliberativa presupone que las instituciones políticas, sus líderes y los ciudadanos debaten sobre la base de argumentos racionales y las evidencias empíricas y analíticas, no apelando a las bodegas, a las fake news o a la posverdad.
El segundo es la idea de cooperación que, en contraposición a la tesis del liberalismo clásico que considera que el elector o el votante está guiado por el autointerés o el cálculo egoísta racional, sostiene que la democracia debe promover el compromiso cívico de la ciudadanía con la participación política y con la búsqueda del bien común.
El tercero es la razonabilidad, que supone que los argumentos usados no solo son racionales y basados en evidencias, sino, también, razonables, por lo que además de exigir que en el debate se invoquen razones que sean coherentes y respetuosas con los valores de la democracia (libertad, igualdad, dignidad, etcétera), se promueve una actitud empática y compasiva con el contradictor (a quien no se ve como un enemigo) y anti-dogmática con las propias creencias y convicciones racionales y con los mejores argumentos que surjan en la discusión.
Finalmente, la revalorización que hace del concepto de una ciudadanía deliberante, informada y reconectada con los partidos y las instituciones políticas en el foro público, que ayuda a tener un elector prevenido frente a las causas mesiánicas, caudillistas y populistas que terminan vaciando de contenido a la democracia e instaurando regímenes y i-liberales o autocráticos.