La aprobación de la Ley 2466 de 2025 marca un momento relevante para la legislación laboral colombiana. Se consolida un marco que abarca desde el teletrabajo hasta la regulación de algoritmos que determinan condiciones laborales. Aunque busca dignificar el empleo, cabe preguntarse si su densidad normativa acompaña o dificulta el dinamismo que caracteriza la transformación digital.
Según McKinsey, el 25% de los empleos en economías avanzadas pueden hacerse en remoto, una dinámica que crece con la inteligencia artificial generativa. El BID estima que América Latina deberá crear más de 10 millones de empleos digitales en la próxima década para cerrar su brecha de productividad. PwC proyecta que la automatización puede aportar un 14% al PIB global en 2030, si existen regulaciones flexibles y programas de reconversión efectivos.
Uno de los aspectos más sensibles de la Ley es el aumento de obligaciones operativas. Las empresas deberán llevar registros, reportar y garantizar supervisión humana de procesos automatizados. Aunque estas medidas buscan transparencia, pueden convertirse en cargas difíciles de asumir para startups y microempresas. Otros países tienden a equilibrar control e incentivo: Chile contempla registros simplificados y la Unión Europea exige proporcionalidad.
El énfasis en la transparencia algorítmica es distintivo. La Ley obliga a informar cómo funcionan los sistemas que asignan tareas y evalúan desempeño, y reconoce el derecho a revisión humana de decisiones automatizadas. Este enfoque responde a preocupaciones sobre sesgos, pero plantea dudas sobre su viabilidad técnica, dado que muchas empresas carecen de capacidades para auditar sistemas complejos o recursos para revisiones constantes.
La Ley regula modalidades como teletrabajo autónomo, híbrido y transnacional, y reconoce derechos como el auxilio de conectividad. Sin embargo, su detalle puede desincentivar esquemas flexibles. En Europa, se distingue entre teletrabajo estructural y ocasional y permite adaptarla mediante convenios colectivos. En Colombia, el marco es más uniforme y deja menos espacio para ajustes.
También se crean políticas de reconversión laboral, pero sin apoyos económicos claros ni metas para medir impacto. Este vacío preocupa considerando que solo 30% de los trabajadores en Colombia tiene competencias digitales básicas, según el BID y el DANE. Además de capacidades técnicas, la transformación digital exige una cultura orientada al aprendizaje continuo, algo que muchas organizaciones no consolidan.
Regular el trabajo en la era digital implica comprender la fragilidad de la innovación en contextos donde la conectividad y las competencias siguen siendo desiguales. El desafío será lograr que la ley dialogue con estos cambios y respalde a quienes emprenden y generan valor.
Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB ni a sus directivos.
*Decano de Transformación Digital UTB.