Lo que vimos en Medellín el pasado 21 de junio fue el retrato de una capitulación. Ver a cabecillas criminales, con las manos manchadas de sangre y sentenciados por la justicia, salir de sus celdas no para enfrentar su castigo, sino para ser tratados como dignatarios por el Estado, es una imagen que desgarra la fibra moral de la Nación. No presenciamos un acto de paz, sino al presidente de la República diciendo a su pueblo que el crimen organizado tiene el poder de sentarse a la mesa, no como un actor sometido, sino como un igual.
El Nombre, un problema de Género I
MARÍA CAROLINA CÁRDENAS RAMOSPara las miles de víctimas, esto es una humillación insoportable. Es la bofetada final del Estado que, tras haberles fallado en protegerlas, ahora les falla en garantizarles justicia. Es decirle a cada madre, a cada hijo, a cada viuda, que su dolor y sus muertos valen menos que la agenda política del gobierno de turno. Se viola así no solo un sentimiento, sino el deber constitucional de garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y, sobre todo, la no repetición.
El Gobierno se escuda en la Ley de “Paz Total” (Ley 2272 de 2022), pero ninguna ley puede ser un cheque en blanco para demoler la Constitución. Anular en la práctica una condena a un criminal, sacándolos de la cárcel bajo la figura de “voceros”, no es un acto de paz; es un fraude a la ley y una invasión flagrante a la Rama Judicial que roza con el delito de prevaricato.
Ya transitamos el camino de los grandes acuerdos y las concesiones ilimitadas. En el pasado reciente, a Colombia se le pidió un sacrificio inmenso en nombre de la paz. Se firmó un acuerdo, se entregaron curules, se otorgó un sistema de justicia especial y se dieron oportunidades sin precedentes a quienes por décadas desafiaron al Estado. ¿El resultado? Una paz incompleta, unas disidencias que hoy nos desangran con más sevicia, y la amarga lección de que premiar al criminal sin exigir un sometimiento real a la justicia no desarma la violencia, solo la transforma y la fortalece. Los procesos de paz no han funcionado como se nos prometió. Insistir en la misma fórmula, pero esta vez aplicada no a actores de un conflicto “político” sino a estructuras del narcotráfico y la extorsión, es un inaceptable error.
El silencio y la inacción de quienes deben ser los guardianes de nuestra democracia son cómplices. Su deber de actuar no es una opción, sino un mandato constitucional.
Que quede claro: esta denuncia no es de izquierda ni de derecha. No es un ataque al anhelo de paz que todos compartimos. Todos queremos la paz, pero no así. No con la impunidad como bandera. La democracia colombiana ya fue generosa y ha pagado un precio altísimo. Esto no es un mercado persa de rebajas y favores al mejor postor criminal. Es una República que se debe respetar. ¡Ya no más!
El pacto de un gobernante es con los ciudadanos y la Constitución, no con los hampones. Es hora de exigir a los poderes del Estado que cumplan su juramento. Que actúen ya, antes de que el daño a nuestra democracia sea irreparable.