El alcalde Dumek Turbay empezó 2025 con el reto de transformar la infraestructura pública cartagenera, anunciando tres licitaciones por $454.555 millones. Ya las adjudicó y tuvieron en común poca pluralidad de oferentes. Especialmente, una generó alertas por una licencia incluida sobre la marcha.
La primera adjudicación fue el Intercambiador de La Carolina. El 15 de abril, el Distrito seleccionó al Consorcio ME Carolina, integrado por tres empresas de la portuguesa Mota Engil, para elaborar los diseños y ejecutar las obras, por $100.836 millones.
La oferta de ese consorcio fue la única revisada por la Alcaldía, porque la del otro oferente, Consorcio Intercambio La Carolina, fue rechazada. Según el comité evaluador, ese oferente no cumplía los requisitos jurídicos que exigía el pliego licitatorio, entre ellos, el pago de la seguridad social de sus empleados.
Mota se ganó esa millonaria licitación con una investigación fiscal a cuestas, que un mes después, en mayo pasado, la Contraloría le archivó. Inicialmente fue declarada responsable fiscal por una torpedeada intervención de escuelas en varias regiones del país. Por eso, Mota le dijo a la Alcaldía que de llegar a quedar en firme esa sanción fiscal, pagaría para no afectar su trabajo en Cartagena. Ya no tendrá que hacerlo.
El segundo proyecto adjudicado fue el Gran Malecón del Mar. Se lo ganó un consorcio con el mismo nombre, por $196.992 millones. Esa selección no pasó desapercibida por dos razones.
La primera, porque ese consorcio fue el único habilitado después que la Alcaldía agregó una licencia como requisito, ya con el pliego definitivo publicado. Y la segunda, por la amistad del alcalde Turbay con el gerente general de la empresa líder del consorcio, Dinacol.
El concejal de oposición, Javier Julio Bejarano, recordó hace unas semanas esa relación con una publicación que sacó del Instagram de Turbay, cuando era candidato a la Gobernación de Bolívar. En ella se lee: “Arrancamos nuestro día visitando la empresa Dinacol, con mi amigo Osvaldo Rodríguez”.
Y el 29 de mayo, la Alcaldía adjudicó la construcción de cinco megacolegios, por $158.479 millones, al Consorcio Edificación Sedes Oficiales CTG, integrado por dos empresas del Cesar y Bogotá.
Ese consorcio, que se enfrentó a otros dos proponentes, deberá diseñar las cinco escuelas en cinco meses y construirlas en un año y tres meses; es decir, si el acta de inicio de obras se firma este semestre, las escuelas deberán estar listas hacia mediados de 2027, último año de Turbay en La Aduana.
Si estos tres proyectos se ejecutan como promete el Gobierno Turbay, mejorarán la movilidad y la calidad del espacio público cartagenero, y aumentará la oferta de educación pública. Ese posible impacto, sin embargo, no borra los cuestionamientos que empañaron las contrataciones: escasa pluralidad de oferentes, divulgación tardía de la información técnica, requisitos añadidos sobre la marcha y audiencias señaladas por falta de garantías.