El declive democrático es actualmente una preocupación global. Según el informe V-dem 2025, por primera vez en 20 años hay más autocracias (91) que democracias (88). Si bien de acuerdo con este, Colombia se mantiene en el margen de lo democrático, en el contexto político, la violencia es uno de los fenómenos que continúa afectando la calidad democrática y cuyas manifestaciones son más visibles a nivel subnacional. Previo a las elecciones de 2026, prevalecen condiciones de creciente hostilidad para la participación política, especialmente en el nivel local. Son los territorios quienes más padecen hechos de violencia política que limitan el ejercicio libre de derechos, alteran la competencia electoral y socavan las posibilidades de control ciudadano sobre el poder.
Las sombras en la infraestructura de Turbay
TATIANA VELÁSQUEZSegún la MOE, entre enero y abril de este año, el país registró 128 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunitarios. En este escenario prevalece la amenaza como tipo de agresión más frecuente con 61 casos (47,7%), seguidas por las agresiones letales (homicidios y atentados) que registraron un total de 54 casos (42,17%). Cauca, Huila, Norte de Santander, Córdoba, Valle del Cauca, Santander y Cesar, agrupan el 57,01% del total de hechos de violencia reportados. Específicamente, Cauca, Bolívar, Antioquia y Valle del Cauca concentran el 42,6% de las agresiones letales, lo cual demanda intervenciones focalizadas en estas regiones.
Allí en los territorios, donde las voces enfrentan mayores riesgos y las reglas de juego se ven alteradas por la intimidación o el miedo, la democracia pierde su promesa de inclusión y representación. Pero no solo se limita el derecho a participar, también se debilita una función esencial del sistema democrático: el control ciudadano sobre quienes detentan el poder. Cuando los liderazgos sociales y políticos son blanco sistemático de amenazas, atentados u homicidios, se reduce la capacidad para cuestionar las decisiones públicas. Esto genera entornos donde el poder local se ejerce sin contrapesos reales, en parte no por ausencia de mecanismos institucionales, sino porque se erosiona la posibilidad de ejercerlos.
En Colombia, la violencia política no solo deteriora la competencia electoral, sino que moldea de manera desigual la experiencia democrática. En las regiones, estas dinámicas afectan de forma más profunda la posibilidad real de elegir, participar y disputar el poder en condiciones de equidad. En lugar de fortalecer la construcción colectiva desde lo local, lo que se consolida es un orden político marcado por la exclusión, donde el acceso al ejercicio democrático depende más de la capacidad de resistir la violencia que de legitimidad. Este panorama en los territorios demanda una respuesta estatal articulada, eficaz y sostenida en el tiempo. Sin una acción decidida que garantice el ejercicio político en condiciones de seguridad y equidad, el deterioro de la democracia subnacional seguirá profundizándose.
Luisa Fernanda Guerra Carrera - Investigadora de Dejusticia
Michelle Escorcia Arrieta - Pasante de Dejusticia