Puede que no sea el autor intelectual, pero no hay duda de que Petro es responsable del intento de asesinato de Miguel Uribe.
Su discurso de odio, sus injurias y calumnias y señalarlos como criminales, desde nazis y fascistas hasta asesinos y esclavistas, ponen una diana en el pecho de sus contradictores y “legitima” la violencia contra ellos.
Su diatriba de “guerra a muerte” y enarbolar su bandera fueron un paso más en la justificación de la violencia sin cuartel contra los “enemigos”, incluso los civiles y no combatientes. Era cuestión de tiempo que, después de las agresiones de Petro, alguien apretara el gatillo.
Además, sus decisiones de gobierno han fortalecido a los grupos violentos, a estas alturas todos mafiosos, a lo largo y ancho del país. So pretexto de la “paz total”, todos los grupos criminales son más fuertes, más ricos y más peligrosos que hace tres años.
En paralelo, Petro y la izquierda extrema han debilitado de manera metódica a la Fuerza Pública. Barrieron con casi un centenar de generales; nombraron un mindefensa, Velásquez, incompetente y enemigo de los militares; le ataron las manos con ceses del fuego que impiden que se hagan operaciones ofensivas contra los bandidos pero no les exigen dejar de delinquir; tiene muchísimo menos presupuesto, capacidades operativas y tácticas que en 2022.
Para rematar, no solo desmanteló el sistema de inteligencia, clave en la lucha contra la delincuencia e indispensable para combatir la criminalidad organizada y el terrorismo, sino que lo politizó, lo infiltró y lo puso al servicio del M19. Lo que ha hecho este gobierno con la Dirección Nacional de Inteligencia, Migración y la UNP es un pecado imperdonable.
Finalmente, de Petro dependen las entidades encargadas de brindar la protección indispensable a quienes tienen un riesgo especial. La UNP está plagada de exguerrilleros y penetrada por la criminalidad, y determina la prestación de sus servicios con base no en el riesgo sino en criterios ideológicos y de lealtad, como lo prueba que Miguel Uribe y su equipo hicieron 23 peticiones, sin ningún éxito, para que mejoraran su esquema de seguridad.
Así que sí, Petro incitó a la violencia contra sus opositores y tiene una ineludible responsabilidad política en la tentativa de homicidio de Miguel Uribe. Y no solo no la asumió sino que se ha encargado de difundir teorías que hacen ruido y confunden. El afán de victimizarse y la afirmación de que el atentado tenía por motivación desestabilizar su gobierno son infames.
Que el crimen fue político no debería discutirse. Que tuvo como propósito amedrentar a los opositores de Petro y de la izquierda extrema, tampoco. Miguel es no solo el senador más votado del país sino el más opcionado para ser el candidato del principal partido de oposición. La pregunta que queda por resolver es si fue un crimen de Estado. Me temo que con esta Fiscalía nos quedará la duda.
*Abogado y analista político.