Tradicionalmente las minorías han sido excluidas de la toma de decisiones del Estado. Eso ha llevado a muchos movimientos sociales a demandar políticas públicas para grupos minoritarios, los cuales han logrado avances en el reconocimiento de sus derechos. Desafortunadamente, en algunos casos se cae en la tiranía de las minorías, donde al pretender preservar los intereses de ciertos sectores de la sociedad se afectan los derechos de las mayorías.
Las minorías han adquirido una importante experiencia en la exigencia de sus derechos. Hoy, ante cualquier sentimiento de perjuicio, suelen ir al reclamo por vías de hecho, algunas veces en contra de los intereses de las mayorías. Por ejemplo, son recurrentes los bloqueos de vías que terminan afectando a muchos ciudadanos que necesitan desplazarse para ir al trabajo o a una cita médica o requieren los alimentos que son transportados diariamente.
En algunos casos las minorías tienen dificultades de auto gobierno y no logran acuerdos sobre el líder que debe representarlos. En ciertas ocasiones, los enfrentamientos entre ellos han llevado a impedir el acceso a ciudades, cuyos ciudadanos terminan siendo afectados por conflictos ajenos.
No hay duda de que se requieren políticas de apoyo a grupos minoritarios que tienen un rezago económico y social frente al país. La Constitución Política de 1991 dio un importante paso al visibilizar a muchas de esas comunidades históricamente excluidas. De ahí surgió, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, incluyendo a los palenqueros y los raizales sanandresanos, y el pueblo gitano. A partir de la norma constitucional se definieron leyes y decretos para desarrollar los derechos establecidos. Por ejemplo, la Ley 70 de 1991 permite, entre otros, la titulación colectiva de territorios afrodescendientes. El Decreto 2762 de 1991 creó la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE) en San Andrés para regular el derecho de circulación y residencia en el archipiélago. Recientemente, el Decreto 1953 de 2014 reglamentó el funcionamiento de los Territorios Autónomos Indígenas. Este proceso de inclusión no está exento de algunas limitaciones. En algunos casos los presupuestos se atomizan para atender necesidades particulares de cada grupo. Debido a que los recursos son escasos, no existen fondos suficientes para atender las demandas de cada minoría.
El Estado colombiano debe promover el cierre de las brechas sociales y económicas de los grupos minoritarios. Ese objetivo no debe perder de vista el agregado nacional y en particular las limitaciones presupuestales existentes. Sería recomendable que los reclamos se atiendan a través del diálogo con los distintos grupos, evitando caer en la tiranía de las minorías.