Karl Jaspers, psiquiatra y filósofo, escribió que hay diferentes tipos de culpa: la culpa moral, la culpa criminal, la culpa política y la culpa metafísica. Aplicadas al análisis del atentado contra el senador Miguel Uribe, la primera se refiere a la responsabilidad íntima de cada uno de nosotros, cuando dejamos que otros cultiven rencor en nuestra conciencia, permitiendo que nos enseñen a odiar. La segunda se refiere a la responsabilidad de cada uno de los determinadores del reprobable acto criminal; desde los autores intelectuales, los materiales y sus colaboradores, incluyendo, si los hay, aquellos servidores públicos encargados de desviar la investigación.
La tercera, tal vez la principal, le cae al presidente Petro, por mantener una actitud beligerante y una comunicación violenta en sus discursos, llegando a utilizar términos fuertes contra sus opositores, a quienes califica con los adjetivos de “fascistas”, “asesinos”, “nazis” y “golpistas”. El tono polarizante de su retórica ha contribuido a avivar la rabia y la agresión verbal entre colombianos.
Esta responsabilidad presidencial se extiende a la Unidad Nacional de Protección (UNP), organización convertida en foco de criminalidad, que debería ser intervenida y reestructurada. Desde el 2015 varios de sus miembros han terminado en prisión por homicidio, en varias ocasiones vinculados al narcotráfico por transportar alijos de drogas en las camionetas blindadas, y últimamente, dedicados al transporte oculto de guerrilleros con orden de captura vigente.
Sus escoltas son suministrados por empresas de vigilancia y seguridad que contratan con el Estado. Cuyo mayor contratista (63 mil millones de pesos en 2023) se encuentra prófugo de la justicia colombiana, condenado a seis años y medio de prisión, vive felizmente en Estados Unidos. Conocemos personajes que gozan de robustos esquemas de protección, los mismos que le fueran negados en veintitrés ocasiones a solicitudes escritas que hiciera Miguel Uribe a la UNP, y el día del atentado, solo contaba con dos escoltas.
La cuarta, la que nos asiste a los ciudadanos por falta de un activismo político que les cierre el paso a los impulsores de la violencia y a validadores de la impunidad. El reprobable acto criminal contra Miguel Uribe, y contra muchos otros compatriotas no tan notables, debe conducirnos a una profunda reflexión moral y política, y definirnos en la aceptación de nuestro compromiso para con la patria y con la perpetuidad de la democracia.
¿Será este atentado una consecuencia del anuncio imprudente de: “Nos veremos en las calles”? ¿O es que “el pueblo” ya comenzó a borrar a los congresistas que votaron en contra de la consulta popular, tal como se anunció? ¿O es el resultado de una señal previamente concertada al despliegue de la “bandera Libertad o Muerte”? Quisiéramos saber.
*Psiquiatra.