Uno de los principales problemas del ordenamiento territorial en Colombia ha sido que nuestros mapas y planes de ordenamiento no siempre han sido congruentes con las dinámicas socioambientales de quienes lo habitan. Esta incongruencia, evidenciada al menos desde la década de los 90 por Orlando Fals Borda, buscó ser resuelta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente mediante uno de sus pilares fundamentales: el ordenamiento del territorio en torno al agua.
Esto supone construir una forma de gobernanza que proteja las determinantes ambientales que inciden en la oferta del agua para la prestación de servicios públicos y riego, la gestión del riesgo y el desarrollo de infraestructura. Sin embargo, alcanzar este objetivo requiere de una difícil coordinación socioeconómica con discusiones políticas de fondo, pues la distribución del agua y su uso son asuntos en disputa entre diversos actores, con intereses diferentes y desiguales frente al poder.
El caso de Barranquilla, estudiado por la profesora Tatiana Acevedo Guerrero, ilustra el tema. Durante la década de los 70, el Gobierno nacional y el Banco Mundial propusieron un proyecto de modernización agrícola en el sur del Atlántico para exportar alimentos; sin embargo, fracasó, en parte, porque los costos de operación de los distritos de riego y drenaje que se construyeron fueron muy altos. Varios agricultores que lo habían perdido todo migraron hacia Barranquilla, asentándose especialmente en los barrios del suroccidente que carecían de servicios de acueducto y saneamiento. El Banco Mundial propuso entonces financiar la expansión de los servicios de agua a los barrios del suroccidente, pero miembros del partido Conservador se opusieron, pues sostenían que los barrios que se pretendían intervenir no eran parte del municipio y preferían la mejora del suministro de agua en los barrios del norte de la ciudad. Al final, el alcalde Daniel Moreno decidió no avanzar con el proyecto. Entre 1996 y 2014 la ciudad recibió una nueva ola migratoria, periodo en el que las inundaciones repentinas y los apagones se hicieron frecuentes en los barrios del suroccidente. Desde el 2014, la solución del Megatanque 7 de abril aún no ha logrado satisfacer al 100% de los habitantes del suroccidente y ha estado atravesada por escándalos de corrupción en la política local.
Reconocer la distribución del agua como un asunto político nos permite desenmarañar un poco el panorama que explica la inequitativa distribución del agua que se vive en ciudades como Barranquilla. Es importante que, de cara a las campañas políticas que ya tienen lugar, volvamos a hablar del agua como asunto central y eminentemente político, reconociendo la complejidad de intereses en torno a este recurso, para llegar a posibles consensos sobre su distribución.
*Investigador en Dejusticia.